Definitivamente, en lo relativo al tránsito del comercio boliviano por Chile, las cosas con ese país empeoraron desde 2004, año en el que se privatizaron los puertos de Arica y Antofagasta. Si antes de esa fecha, mal que bien, la controversia con el vecino era de Estado a Estado; ahora, la particularidad de la nueva pugna radica “en que ya no solo entran en juego y en el debate los intereses estatales, sino también los privados, especialmente de ciertos grupos que detentan el poder económico”, señalan los autores del texto Bolivia: una país privado de litoral. Apuntes para un debate pendiente (Oxfam, Plural; La Paz, diciembre de 2016).
La privatización de los puertos chilenos, precisa el estudio, es parte de la tendencia económica de liberalización de la economía de ese país que empezó en 1973, con el régimen de Augusto Pinochet, pero que continuó con los gobiernos democráticos.
Una liberalización de la economía que en el caso chileno —propone uno de los autores, el politólogo Rodrigo Fernández Ortiz (la investigación también es obra del economista Daniel Agramont Lechín)— tuvo como peculiar rasgo el desarrollo y la expansión de la nueva clase dirigente chilena, las llamadas élites económicas y políticas, cuya mayor característica es ser de empresas familiares.
“Resulta que estas élites económicas, que son familias empresariales, tienen una capacidad increíble de influir en las instituciones políticas a través de varios recursos simbólicos de poder concentrados y bajo su poder, de tal manera que directa o indirectamente las élites económicas en Chile son también élites políticas”, destaca Fernández.
Un estudioso de esta burguesía familiar fue el expresidente de Chile Ricardo Lagos, que en 1960 elaboró su tesis La concentración del poder económico, a tiempo de identificar 11 grupos económicos “que controlaban las finanzas, la agricultura y el comercio”. El exmandatario, ya esos días, había concluido en que “la única y verdadera solución era la abolición de la propiedad privada de los medios de producción”.
Los diversos estudios de estas élites chilenas, refiere Fernández, han coincidido en clasificarlas en tres grandes grupos: los tradicionales, los tecnoburocráticos y los emergentes.
La élite familiar tradicional es la aristocrática, la que heredó su fortuna desde el siglo XIX, incluso desde la Colonia, además de aquellos que hicieron su riqueza antes de la era liberal inaugurada por Pinochet, de la que luego también se beneficiaron las familias Edwards y Matte.
El grupo tecnoburocrático, en cambio, es aquél que debe su prosperidad a la formación académica en universidades de Europa y Estados Unidos, los célebres Chicago Boys, que a partir de 1975 fueron incorporados por Pinochet a la burocracia estatal; funcionarios públicos que aprovechando su posición e influencia “adquirieron, con créditos bancarios excepcionales, las empresas del Estado que privatizaron”. (Bolivia: un país privado...) Es el “empresario muy de derecha”, describe Fernández.
Las élites emergentes, por su lado, son aquellas familias que hicieron su fortuna con la implementación del modelo neoliberal que arrancó en 1973, a partir de la asociación con otros empresarios nacionales y sobre todo con capital extranjero.
Las élites familiares que se hicieron con los puertos chilenos son cuatro grandes grupos (más de los tecnoburocráticos y emergentes que de los tradicionales): los Luksic, Von Appen, Urenda y Angelini; siendo las tres primeras las dueñas de los puertos usados por Bolivia, Arica, Iquique y Antofagasta. “Tres familias que lucran con el enclaustramiento boliviano, que se benefician ampliamente de su posición privilegiada de país de tránsito obligado para Bolivia”, destaca el investigador Fernández.
Ahora, si existe un rasgo común a estas familias, afirma el estudioso, es que se trata de “élites empresariales muy endogámicas, con ‘directorios entrelazados’, que fácilmente se coluden para fijar precios, fusionar empresas y dividirse mercados”.
Con base en el sitio electrónico de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, memorias institucionales de las empresas, documentos académicos y artículos de prensa, Fernández logró identificar al menos 26 “familias o grupos empresariales” con rango de élite: los Luksic, Angelini, Matte, Yarur (de origen boliviano), Edwards, Said, Horst Paulmann, Solari-Cuneo del Río, Cueto, Von Appen, Saieh, Calderón, Fernández León, Hurtado Vicuña, Marín Correa, Ponce León, Urenda, Delano y Lavín, Claro Valdés, Larraín, Andraca, Errazúriz, Bofill, Rafael Guillasasti, Briones, Sebastián Piñera.
La forma más típica para que estas élites económicas influyan en las instituciones políticas y en las decisiones de la gestión pública, describe Fernández, es a partir de concentrar “la propiedad de los centros simbólicos de poder, los medios de comunicación en primer lugar, y en segundo los llamados think tanks (“tanques de pensamiento”, literal) los centros de pensamiento, las universidades”.
El grupo Edwards, por ejemplo, afirma, es dueño del diario El Mercurio, que a su vez tiene 56 periódicos a lo largo de Chile, en formato impreso o digital; o el grupo Copesa, que posee 37 medios; “al final, tres familias tienen casi el 90% de control del lector, de las ventas de espacios publicitarios. En Chile la concentración de los medios de comunicación es evidente, tres grupos controlan absolutamente todos los medios, y en este contexto —es lo relevante— es fácil entender por qué se alinean todos los periódicos a la política exterior oficial de Chile, por ejemplo”.
En cuanto a los think tanks, o sea las universidades, la idea es capturar todos los espacios de debate de ideas, de propuestas, de reformas institucionales, “para que puedan ser funcionales a los intereses de estos grupos económicos”. Por ejemplo, cita Fernández, el Centro de Estudios Públicos, uno de los más influyentes de Latinoamérica; basta ver su directorio para encontrar los “clásicos apellidos” (Angelini, Edwards, Luksic, Matte, Von Appen, Sais...).
Son espacios “capturados” por los grupos empresariales para influir en las ideas, en la reflexión académica de reformas institucionales, de gestión pública, de política económica. “Y en un contexto en que Chile se apresta a iniciar un proceso constituyente es previsible que estos centros de pensamiento tengan influencia con toda la mirada, la visión de estas élites empresariales, que vayan a asegurar que las reformas constitucionales no vayan a poner en riesgo sus privilegios”, advierte.
Con “directorios entrelazados”, los autores del estudio se refieren a que hay muchos directores de una institución que forman parte del directorio de otra empresa. “El señor Yurik Díaz Reyes, por ejemplo, es presidente de ATI-Antofagasta, director titular de ITI-Iquique, y director suplente en TPA-Arica”, refiere Fernández. Su “capital social son los contactos, por eso es fácil fijar precios, generar fusiones, dividir mercados”.
A todo esto, ¿qué rol juega el Estado chileno en la economía en general, y en los puertos en particular?
El Estado chileno asumió el rol de regulador, aun así, todo el tema de la regulación es muy deficitario, coinciden Fernández y Agramont. De hecho, explica el primero, gran parte de los problemas de concentración de la riqueza, de los oligopolios y monopolio en varios sectores de la economía chilena se debe justamente al déficit de la regulación ejercida por el Estado. Muchos casos de colusión de empresas (que se alíen para determinar el precio de un bien, por ejemplo) a lo más llegan a una multa. “El Estado chileno en general asume un rol menor en la economía, se limita solo a la regulación; esto mismo pasa en el tema portuario”.
Ahora, si hay algo que reconocer de la élite chilena, afirma Fernández, es que “ésta se queda en Chile”; es una presencia que mal que bien se la siente omnipresente porque están ahí, dirigiendo empresas, medios, universidades, recuerda Fernández, que hizo estudios en Chile.
Un debate no menor en el estudio Bolivia: un país privado de litoral, señalan sus autores, es el grado de incidencia de las élites chilenas en la política exterior de ese país; debate por que no se tiene suficiente base empírica para hacer afirmaciones concluyentes; sin embargo, se puede apuntar determinadas hipótesis: al parecer, las élites intervienen solo si se afecta directamente un interés suyo.
Cuando se anunció la demanda de Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, por ejemplo, refiere Agramont, por entonces funcionario de Bolivia en Chile, al día siguiente todo estaba tranquilo, apacible, porque, como dijo el historiador chileno Máximo Quitral, por lo menos por ahora, el asunto marítimo judicial es irrelevante para los grandes grupos de poder dado que “su incidencia es marginal en la generación de mayores ganancias en el norte”.
No fue la misma la reacción ante la demanda peruana, cuando en el territorio marítimo en cuestión sí había intereses concretos afectados; esto explica, según los académicos, la llamada “política de cuerdas separadas” de La Moneda, la decisión de “encapsular” el litigio jurídico en La Haya y seguir normales las relaciones comerciales con Perú, en las que tenían específico interés las élites.
Pero aún hay un dato revelador, destacan los investigadores: cuando el presidente Morales anunció la posibilidad de una demanda a Chile por las aguas manantiales del Silala, la reacción, se puede decir, fue furibunda: a poco más de dos meses Chile entabló la demanda contra Bolivia en La Haya. Agramont añade que también data de ese tiempo el endurecimiento administrativo en los puertos. Y es que la familia Luksic es propietaria de las empresas Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y la cuprífera Antofagasta Minerals SA, que se proveen de las aguas del Silala... Los Luksic, además, son dueños de Aguas Andinas, y ellos venden parte del agua que llega del Silala, refieren ambos.
Con esta forma de élites económicas, Chile es un país paradójico, complementa Fernández. En lo relativo a la desigualdad, por ejemplo, siendo América Latina el continente con la peor distribución de la riqueza, la situación de Chile es aún más crítica. De los mayores indicadores de libertad económica, incluso crecimiento económico acumulado, y de bajo índice de riesgo país, por otro lado tiene niveles de desigualdad de los más críticos.
El 30% de los recursos se queda en el 1% más rico; el 0,1% de la población (como 4.500 hogares) se queda con el 17%; y el 0,01% se queda con el 10% de la riqueza; mientras el 14,4% de Chile vive en pobreza y casi 5% en extrema pobreza; por eso se explican las movilizaciones estudiantiles, incluso las huelgas de los trabajadores portuarios, por la precarización de su empleo, concluye el investigador.
