Después que el gobierno de Evo Morales desistió de presentar una contrademanda ante el Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya contra Chile, por el uso arbitrario de las aguas del Silala, la investigadora Ofelia Michel consideró que esta decisión es una “traición a la patria”, porque se deja de lado la defensa de los recursos naturales, que es un mandato constitucional. La experta afirmó que deben ser procesados los autores de la medida.
“El gobierno de Evo Morales cometió una falta muy grave al desistir de presentar la contrademanda contra Chile, es una verdadera traición y fraude al país, por no continuar con la defensa de los recursos naturales, a pesar de la existencia de todo los argumentos técnico-científico y jurídicos que Bolivia puede usar para la protección de sus recursos hídrico”, expuso la experta a EL DIARIO.
A la vez, dijo que estas acciones pueden derivar en una demanda contra las autoridades del Gobierno por no cumplir la Constitución Política del Estado (CPE), “que en su artículo 346 establece que el patrimonio natural es de interés público, su conservación y aprovechamiento será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado”.
El pasado fin de semana, el presidente Morales se reunió con el equipo jurídico internacional en la ciudad de La Haya, Holanda, donde confirmó a la agencia internacional de noticias EFE que se desestimó presentar la contrademanda por recomendaciones internacionales.
Un día antes de esa confirmación, dijo que le gustaría que el diferendo se solucione a través de la vía diplomática.
En tanto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que la decisión de Bolivia de no presentar una contrademanda por el Silala ratifica la posición chilena de que este es un río internacional.
“Ante la decisión de Bolivia de no contrademandar, ratificó la posición chilena: el rio Silala es un río internacional”, afirmó el mandatario del vecino país.
MÁS SOLICITUDES
En ese contexto, desde que el presidente Morales dijo en 2016 que demandará a Chile por el uso de las aguas del Silala y el sorpresivo paso de La Moneda que se adelantó al anuncio, autoridades del Gobierno y varios expertos plantearon presentar una contrademanda en La Haya contra Chile, con varios argumentos técnicos y científicos que demuestren que no se trata de un “río internacional”.
Por ejemplo, en 2017, el experto en recursos hídricos del Silala, Milton Lérida envió una carta a la Procuraduría General del Estado solicitando que se presente una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra la empresa The Antofagasta and Bolivian Raliway Company Limited, con la finalidad de que cancele los recursos económicos por el uso arbitrario de las aguas.
De su parte, el diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD), expresó que al dejar de lado estos recursos legales y no insistir en el pago de la deuda millonaria, es un retroceso para el país en materia de defensa de la soberanía de los recursos naturales. En su criterio, el pago de los 1.000 millones de dólares que debe pagar la firma chilena al Estado boliviano se halla en peligro.
“Existe una deuda histórica de más 1.000 millones de dólares que estaría en riesgo, porque la estrategia chilena sigue avanzando, si Bolivia presenta la contramemoria significa entrar en el juego de la diplomacia chilena”, resaltó el legislador potosino.
En noviembre del 2009, los gobiernos de Bolivia y Chile suscribieron un acuerdo inicial mediante el cual Chile se comprometió al pago del 50% del recurso hídrico hasta la realización de un estudio con el que Bolivia buscaba el pago del 100%. El 50%, según el Gobierno, equivalía al pago de $us 15.000 diarios.
En 2016, Morales sostuvo que la base para el juicio contra Chile ante la CIJ sería el preacuerdo que se firmó el 2009 con Michelle Bachelet, que entonces estaba por finalizar su reciente mandato.
CONTRADEMANDA
Por otra parte, Michel indicó que la contrademanda boliviana permitía denunciar todos los trabajos de ingeniería que hizo Chile para perforar el acuífero, canalizar las aguas subterráneas y llevarlas hasta su territorio.
Según la versión de Michel, en la contramemoria boliviana no podrá desarrollar los estudios técnico científicos que hizo la Universidad Autónoma Tomas Frías, de Potosí, que establecen que los manantiales del Silala son producto de aguas subterráneas que nacen en el país.
Un estudio anterior estableció que en el Silala existen al menos 94 ojos de agua que nacen entre los hitos 73 y 74 en el cantón Quetena Chico, de la provincia potosina de Sud Lípez.
Estos recursos fluyen a Chile a través de canales que construyó para alimentar el sistema de agua de la empresa minera Codelco-Chuquicamata (Calama). En 1908, la Prefectura de Potosí autorizó a la empresa anglochilena The Antofagasta-Bolivia Railway que haga uso de esos recursos para el funcionamiento de sus locomotoras que eran a vapor, sin embargo, después de algunas décadas dichas locomotoras fueron reemplazadas por locomotoras a diésel, pero el agua del Silala continuó siendo desviado a territorio chileno, para alimentar a explotaciones mineras de Atacama.
ANTES DEL PLAZO
Días atrás, el ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró desde La Haya que Bolivia presentará su contramemoria a la demanda de Chile antes del nuevo plazo fijado por la Corte Internacional de Justicia.
Bolivia debía presentar su contramemoria el pasado 3 de julio, pero solicitó una prórroga que fue admitida por la CIJ, la que fijó un nuevo plazo para el 3 de septiembre.
“Hemos pedido una prórroga a la CIJ, en espera de informes técnicos sobre el Silala que Bolivia ha encargado para trabajar con la máxima responsabilidad”, explicó Arce y anunció que la contramemoria se presentará “los primeros días de septiembre, quizás antes”.
En 2016, Chile demandó a Bolivia ante la CIJ y pidió al máximo tribunal que declare el carácter internacional del Silala, que reafirme el uso equitativo de las aguas que fluyen por el mismo y que no se afecte la cantidad o calidad de las aguas por parte de Bolivia.
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