El canciller de Chile, Roberto Ampuero, visitó ayer la frontera con Bolivia en la región por donde ingresan las aguas de los manantiales del Silala y negó que su país forzara el cauce natural del flujo para que el recurso hídrico ingrese a su territorio.
Sin embargo, gruesos tubos que en otrora llevaban agua del Silala hasta el vecino país y que están abandonados a lo largo de la trayectoria hasta la frontera con Chile contradicen la versión del canciller del gobierno de Sebastián Piñera.
Chile demandó a Bolivia en 2016 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con el objetivo de que ese tribunal declare que el Silala es un “río internacional” y que tiene derecho a usar sus aguas, como lo ha hecho los últimos cien años después del permiso que pidió a la entonces Prefectura de Potosí, la empresa ferroviaria Bolivian Railway para el uso de este recurso hídrico.
“Las aguas del río internacional Silala fluyen naturalmente desde territorio de Bolivia, donde nace, hasta el territorio chileno. Hay una diferencia en términos de altura de 46 metros desde el lugar donde nace el río Silala en Bolivia y este punto donde cruza el agua hacia territorio chileno”, afirmó Ampuero, según reporte de la agencia española EFE.
La nota firmada por el periodista Alberto Peña asegura que “el Silala desciende desde 4.350 metros desde un volcán en Bolivia, recorre 4 kilómetros por las faldas del monte y cae a la quebrada, por donde discurre como un riachuelo de aproximadamente un metro de ancho durante 6 kilómetros en el interior del territorio chileno hasta unirse con el río Loa”.
En el interior del cañón, con paredes de unos 20 metros flanqueadas por rocas y piedras de color anaranjado y de formas inverosímiles talladas por el curso del agua durante siglos, el ministro defendió que es la inclinación del terreno y no una infraestructura artificial lo que provoca la entrada del Silala en Chile.
“Aquí Chile no ha intervenido de ninguna forma este paisaje. Esta quebrada de aquí tiene más de 8.400 años. Lo acredita la investigación en términos geológicos (...) y lo ha generado el río a lo largo de milenios”, señaló Ampuero.
Para apoyar sus argumentos, el canciller y la comitiva se desplazaron, además de a la frontera en el interior de la quebrada, a una zona en territorio chileno a más de 5.000 metros de altura, desde donde se puede observar la orografía de la zona y el discurrir del Silala desde la nación andina hacia la austral.
Convencido y a la orilla del Silala, donde incluso tomó con la mano algo del agua para refrescarse del calor en mitad del desierto de Atacama (norte de Chile), apeló a que la CIJ dé la razón a Chile en la próxima presentación de réplicas, que posteriormente deberá realizar el Gobierno de Bolivia el 15 de mayo.
“Estamos hoy acá para constatar en el terreno una vez más lo que Chile viene planteando ante la Corte Internacional de Justicia”, dijo.
“Chile tiene toda la razón al plantear su posición y Bolivia, no solamente va a tener que tratar de desmentir a Chile, sino que va a tener que tratar de desmentir también la ley de la gravedad, a la ciencia”, afirmó Ampuero.
DUCTOS ARTIFICIALES
En varias visitas que realizó EL DIARIO a la región de Quetena Chico donde se encuentran los manantiales del Silala, se constató que quedan evidencias físicas de que en otrora la mano del hombre intervino para dirigir el cauce hacia la región chilena.
En el recorrido hasta el límite fronterizo se pueden ver gruesos tubos semienterrados y oxidados por donde hace décadas las aguas del Silala eran llevados hasta el desierto de Atacama para alimentar el valle de Azapa que se encuentra en medio del desierto de Atacama.
La demanda que presentó Chile contra Bolivia en 2016 está en la fase de la entrega de la documentación escrita ante la corte de La Haya. En ese marco, Bolivia presentó en agosto de 2017 ante el mismo tribunal una contrademanda, defendiendo que las aguas del Silala son manantiales cuyo flujo fue desviado artificialmente hacia territorio chileno hace más de cien años, y acusa al país vecino de realizar un uso abusivo de los recursos hídricos.
DEPÓSITOS DE AGUA CONFINADA
“Los estudios geológicos, hidrológicos e hidrogeológicos demuestran que las aguas del subsuelo en la región del Quetena son depósitos de agua confinada, calificada por los científicos como ‘recursos inmovilizados indefinidamente’. Su origen se debe al depósito del agua durante la actividad fluvio – glacial hace más de 10 mil años”.
Al nivel superior del volumen de agua depositada en el subsuelo se califica como manantiales o humedales sin movimiento propio y son propicios para el movimiento de bofedales”. Extraído del libro “El mito del Silala” de Antonio Bazoberry que extrae datos de un estudio geológico del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sergeomin): Área de los manantiales del Silala, Sur Lípez, Potosi.
Tuesday, January 29, 2019
Monday, January 7, 2019
La Haya anunciará este año litigio entre Bolivia y Chile
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene previsto anunciar en 2019 las fechas de los alegatos orales de litigios que Chile, Bolivia, Nicaragua y Colombia mantienen en La Haya, así como dar a conocer dos decisiones que están en fase de deliberación, una de ellas respecto a un caso entre EEUU e Irán.
Chile y Bolivia volverán a La Haya después de la sentencia del pasado 1 de octubre, que confirmó que Santiago no tiene obligación de negociar con La Paz su eventual acceso soberano al Pacífico, tal y como reclamaban los abogados de Bolivia.
Ambos países se citan, en esta ocasión, por una demanda interpuesta por Chile en 2016 por las aguas del Silala, un cauce de agua cuyo uso ha causado discrepancias entre las dos capitales.
Santiago defiende que el Silala debería ser considerado un río internacional, pero La Paz asegura que el cauce cruza la frontera gracias a unas obras de canalización hechas a principios del siglo pasado por Chile, lo que habría provocado la modificación de su curso.
Por esa razón, La Paz ha presentado tres contrademandas que han alargado el proceso judicial, aunque se calcula que las vistas orales se celebrarán entre verano y finales de 2019.
Otros dos países que se rencontrarán este año en La Haya serán Nicaragua y Colombia por dos litigios casi simultáneos.
Ambos versan sobre la aplicación de un fallo de 2012, emitido por la propia CIJ y que redefinió la frontera marítima entre los dos países, pues confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.
Managua volvió en 2013 a La Haya para denunciar a Bogotá por el supuesto incumplimiento de la sentencia del año anterior.
Asimismo, presentó una segunda denuncia para tratar la delimitación y las reglas del derecho internacional que se deben aplicar sobre una plataforma continental, situada a más de 200 millas náuticas de la costa, cuestión sobre la que el tribunal no se pronunció en 2012.
Los alegatos escritos de estos dos litigios tienen como fecha límite el 4 de marzo y el 11 de febrero respectivamente, por lo que se espera que las fechas de los alegatos orales se anuncien en 2019.
Por otro lado, la CIJ tiene pendiente recibir los alegatos escritos de Venezuela por una denuncia de su vecino Guyana.
Este pequeño país del Caribe quiere que los jueces validen el Laudo Arbitral de París emitido en 1899, el cual trazó la frontera entre ambos países, pero que Caracas denunció posteriormente ante la ONU por, supuestamente, no ajustarse a derecho.
Venezuela tiene hasta el 18 de abril para entregar una contramemoria, aunque ya ha adelantado que no participará en el litigio y defiende que la CIJ no tiene competencia para juzgar el caso.
Además, la Corte tiene sobre la mesa dos casos entre otros países que ya presentaron sus alegatos orales en 2018 están actualmente en fase de deliberación.
Está previsto que EEUU e Irán vuelvan a La Haya en 2019 para escuchar si los jueces se declaran competentes para juzgar una denuncia presentada por Teherán, relativa a unos fondos iraníes valorados en 2.000 millones de dólares y congelados por la Justicia norteamericana.
Washington presentó el pasado octubre varias objeciones preliminares y argumentó que el dinero se destinaría a las víctimas de un atentado supuestamente patrocinado por Irán, acusación que fue rechaza por Teherán.
El segundo caso que se encuentra en fase de deliberación es una opinión consultiva no vinculante, aprobada por la Asamblea de la ONU, que tiene como protagonistas a Mauricio -un pequeño Estado del Océano Índico independiente desde 1968-, el Reino Unido y EEUU.
Mauricio le pidió a la CIJ completar la “descolonización” de Chagos, un archipiélago que los británicos retuvieron y cuyo islote principal, Diego García, fue desalojado a la fuerza en 1965 para alojar una base militar estadounidense.
Dicha “descolonización” permitiría a los antiguos habitantes de Chagos volver a su tierra natal, argumentó Mauricio, pero el Reino Unido alegó motivos de defensa militar y de seguridad para continuar con la concesión de Diego García a EEUU. (EFE)
Chile y Bolivia volverán a La Haya después de la sentencia del pasado 1 de octubre, que confirmó que Santiago no tiene obligación de negociar con La Paz su eventual acceso soberano al Pacífico, tal y como reclamaban los abogados de Bolivia.
Ambos países se citan, en esta ocasión, por una demanda interpuesta por Chile en 2016 por las aguas del Silala, un cauce de agua cuyo uso ha causado discrepancias entre las dos capitales.
Santiago defiende que el Silala debería ser considerado un río internacional, pero La Paz asegura que el cauce cruza la frontera gracias a unas obras de canalización hechas a principios del siglo pasado por Chile, lo que habría provocado la modificación de su curso.
Por esa razón, La Paz ha presentado tres contrademandas que han alargado el proceso judicial, aunque se calcula que las vistas orales se celebrarán entre verano y finales de 2019.
Otros dos países que se rencontrarán este año en La Haya serán Nicaragua y Colombia por dos litigios casi simultáneos.
Ambos versan sobre la aplicación de un fallo de 2012, emitido por la propia CIJ y que redefinió la frontera marítima entre los dos países, pues confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.
Managua volvió en 2013 a La Haya para denunciar a Bogotá por el supuesto incumplimiento de la sentencia del año anterior.
Asimismo, presentó una segunda denuncia para tratar la delimitación y las reglas del derecho internacional que se deben aplicar sobre una plataforma continental, situada a más de 200 millas náuticas de la costa, cuestión sobre la que el tribunal no se pronunció en 2012.
Los alegatos escritos de estos dos litigios tienen como fecha límite el 4 de marzo y el 11 de febrero respectivamente, por lo que se espera que las fechas de los alegatos orales se anuncien en 2019.
Por otro lado, la CIJ tiene pendiente recibir los alegatos escritos de Venezuela por una denuncia de su vecino Guyana.
Este pequeño país del Caribe quiere que los jueces validen el Laudo Arbitral de París emitido en 1899, el cual trazó la frontera entre ambos países, pero que Caracas denunció posteriormente ante la ONU por, supuestamente, no ajustarse a derecho.
Venezuela tiene hasta el 18 de abril para entregar una contramemoria, aunque ya ha adelantado que no participará en el litigio y defiende que la CIJ no tiene competencia para juzgar el caso.
Además, la Corte tiene sobre la mesa dos casos entre otros países que ya presentaron sus alegatos orales en 2018 están actualmente en fase de deliberación.
Está previsto que EEUU e Irán vuelvan a La Haya en 2019 para escuchar si los jueces se declaran competentes para juzgar una denuncia presentada por Teherán, relativa a unos fondos iraníes valorados en 2.000 millones de dólares y congelados por la Justicia norteamericana.
Washington presentó el pasado octubre varias objeciones preliminares y argumentó que el dinero se destinaría a las víctimas de un atentado supuestamente patrocinado por Irán, acusación que fue rechaza por Teherán.
El segundo caso que se encuentra en fase de deliberación es una opinión consultiva no vinculante, aprobada por la Asamblea de la ONU, que tiene como protagonistas a Mauricio -un pequeño Estado del Océano Índico independiente desde 1968-, el Reino Unido y EEUU.
Mauricio le pidió a la CIJ completar la “descolonización” de Chagos, un archipiélago que los británicos retuvieron y cuyo islote principal, Diego García, fue desalojado a la fuerza en 1965 para alojar una base militar estadounidense.
Dicha “descolonización” permitiría a los antiguos habitantes de Chagos volver a su tierra natal, argumentó Mauricio, pero el Reino Unido alegó motivos de defensa militar y de seguridad para continuar con la concesión de Diego García a EEUU. (EFE)
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