“…los costos erogados por el Estado boliviano en la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), desde el año 2011 hasta la fecha, ascienden a la suma de catorce millones dieciocho mil dólares”, señaló el comunicado que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Bolivia presentó una demanda contra Chile ante el tribunal internacional en abril del 2013, buscando que se obligue al vecino país a negociar un acceso soberano al océano Pacífico, que fue arrebatado tras una invasión y guerra en 1879.
Después de un proceso de más de cinco años, el 1 de octubre, la CIJ rechazó la solicitud del Estado boliviano y estableció que Chile no está obligado jurídicamente a entablar negociaciones con el país para obtener un acceso soberano al mar.
INFORME
Diremar explicó en su comunicado, que el procedimiento de ejecución de dichos gastos “se regula por los Decretos Supremos Nro. 1747, del 2 de octubre de 2013, 2000, del 19 de mayo de 2014, y 3131, del 29 de marzo de 2017, y están sometidos al control interno y posterior por la Contraloría General del Estado”.
La información se da a conocer luego de los múltiples pedidos de políticos de oposición tras el fallo desfavorable para Bolivia.
FISCALIZACIÓN
Los legisladores de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez y Amílcar barral plantearon peticiones de informe escrito a cinco autoridades del Ejecutivo para que respondan sobre los recursos económicos que se destinó a la demanda marítima en La Haya, ya que advierten que los costos ascienden a más de 100 millones de dólares.
La petición está dirigida a los ministros: de Justicia, Héctor Arce; de Relaciones Exteriores, Diego Pary; de la Presidencia, Alfredo Rada; de Comunicación, Gisela López; y, al Procurador del Estado, Pablo Menacho.
Al retornar de Holanda, el presidente Evo Morales no quiso referirse sobre el tema cuando fue consultado por un periodista. Esta misma postura fue asumida por el resto de las autoridades del gobierno.
Por su parte, el diputado de UD Gonzalo Barrientos presentó una solicitud de interpelación al primer mandatario, para que explique a la población los detalles económicos, técnicos y jurídicos de la demanda internacional
CHILE
El 3 de octubre, el gobierno de Chile informó que gastó 24, 447.351 dólares en la defensa que preparó ante la demanda interpuesta por el estado boliviano en la corte internacional, según datos proporcionados por la Cancillería de ese país y difundidos por La Tercera.
Los recursos destinados a este juicio contra Bolivia por la demanda marítima están presupuestados, en parte, en el programa del Ministerio de Relaciones Exteriores denominado DIFROL (Dirección de Fronteras y Límites de Estado). En este ítem se incluye también, por ejemplo, el trabajo que se realiza por la demanda presentada por Chile respecto del río Silala.
NEGOCIACIÓN
Actualmente el Gobierno no se resigna a esa decisión y se ampara en el párrafo 176 del veredicto, en el cual la CIJ sugiere a los países seguir conversando. Se enviaron dos notas, una a la ONU advirtiendo contradicciones en el fallo y otra a Piñera, en la que se solicitó reanudar el diálogo; la respuesta fue que es un “absurdo” insistir en mar con soberanía.
La Cancillería, en coordinación con Diremar comenzó el recuento de los daños económicos que causa el enclaustramiento marítimo provocado por Chile en 1879, cuando invadió las costas bolivianas, información que fue confirmada por el canciller Diego Pary en una rueda de prensa improvisada.
“Lo que se ha hecho es dar una instrucción a Diremar para que haga el estudio sobre la afectación económica que el país ha tenido desde 1879 hasta la fecha (…). Estamos iniciando con el estudio, cuando se concluya les transmitiremos”, reveló el diplomático boliviano.
