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Friday, April 5, 2019
Monday, March 25, 2019
Tuesday, March 12, 2019
Temen que no exista una contrademanda por el agua del Silala
El diputado de Demócratas, Gonzalo Barrientos, expresó su temor de que el Gobierno nacional no hubiera planteado una contrademanda por el uso de las aguas del Silala.
Barrientos pide que se demuestre si se planteó la contrademanda y en qué sentido ya que esa acción debió ser dirigida contra la empresa privada que recibió la concesión para el uso de aguas el año 1908.
El diputado opositor señala que la contrademanda no se podía plantear contra el Estado chileno pues eso sería un error ya que Bolivia en ningún momento tuvo una relación directa sobre las aguas potosinas.
"Chile no tiene parte ni contraparte en el tema de las aguas del Silala porque la Prefectura de Potosí otorgó la concesión a una empresa Bolivian Railway and Chili cuyos dueños vendieron sus acciones".
Se conoce que la Bolivian Railway vendieron sus acciones a la firma Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), propiedad de Antofagasta PLC del Grupo Luksic, quien a su vez habría transferido el derecho de administración de las aguas al grupo colombiano Empresas Públicas de Medellín (EPM).
DEUDA HISTÓRICA
Barrientos sostiene que son esas empresas las que tienen que responder por la deuda histórica por el uso ilegal de las aguas que supera los 1.000 millones de dólares.
CONTRADEMANDA
A inicios del mes de septiembre de 2018, el Gobierno nacional anunció que se había planteado una contrademanda por las aguas del Silala.
En conferencia de prensa, Evo Morales dijo que Bolivia pidió a la CIJ “que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales, y los mecanismos de drenaje en el Silala, que están ubicados en su territorio y tiene el derecho soberano a decidir cómo los mantendrá”.
Según el mandatario, “Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, que ha sido diseñado, mejorado o producido en su territorio y Chile no tiene derecho a ese flujo artificial”.
La Compañía de Ferrocarriles y Salitres de Antofagasta sin ninguna autorización realizó las obras de captación en 1886.
Fueron principalmente cámaras rústicas de captación de aguas y canales de mampostería seca para la conducción del agua a través de una red de canales colectores, un canal central y un desarenador para llevarse el agua.
Concesión
1. Entrega
La Prefectura de Potosí otorgó una concesión para el uso de las aguas del Silala a la empresa The Antofagasta (Chile) & Bolivia Railway en1908.
2.Objeto
Era para el uso de las locomotoras a diésel que efectuaban el servicio entre el país y Chile.
3. Anulado
La Prefectura anuló la concesión para el uso de las aguas con la RA 71/97, la cual fue elevada a rango de Decreto Supremo en 1997.
Barrientos pide que se demuestre si se planteó la contrademanda y en qué sentido ya que esa acción debió ser dirigida contra la empresa privada que recibió la concesión para el uso de aguas el año 1908.
El diputado opositor señala que la contrademanda no se podía plantear contra el Estado chileno pues eso sería un error ya que Bolivia en ningún momento tuvo una relación directa sobre las aguas potosinas.
"Chile no tiene parte ni contraparte en el tema de las aguas del Silala porque la Prefectura de Potosí otorgó la concesión a una empresa Bolivian Railway and Chili cuyos dueños vendieron sus acciones".
Se conoce que la Bolivian Railway vendieron sus acciones a la firma Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), propiedad de Antofagasta PLC del Grupo Luksic, quien a su vez habría transferido el derecho de administración de las aguas al grupo colombiano Empresas Públicas de Medellín (EPM).
DEUDA HISTÓRICA
Barrientos sostiene que son esas empresas las que tienen que responder por la deuda histórica por el uso ilegal de las aguas que supera los 1.000 millones de dólares.
CONTRADEMANDA
A inicios del mes de septiembre de 2018, el Gobierno nacional anunció que se había planteado una contrademanda por las aguas del Silala.
En conferencia de prensa, Evo Morales dijo que Bolivia pidió a la CIJ “que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales, y los mecanismos de drenaje en el Silala, que están ubicados en su territorio y tiene el derecho soberano a decidir cómo los mantendrá”.
Según el mandatario, “Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, que ha sido diseñado, mejorado o producido en su territorio y Chile no tiene derecho a ese flujo artificial”.
La Compañía de Ferrocarriles y Salitres de Antofagasta sin ninguna autorización realizó las obras de captación en 1886.
Fueron principalmente cámaras rústicas de captación de aguas y canales de mampostería seca para la conducción del agua a través de una red de canales colectores, un canal central y un desarenador para llevarse el agua.
Concesión
1. Entrega
La Prefectura de Potosí otorgó una concesión para el uso de las aguas del Silala a la empresa The Antofagasta (Chile) & Bolivia Railway en1908.
2.Objeto
Era para el uso de las locomotoras a diésel que efectuaban el servicio entre el país y Chile.
3. Anulado
La Prefectura anuló la concesión para el uso de las aguas con la RA 71/97, la cual fue elevada a rango de Decreto Supremo en 1997.
Tuesday, February 26, 2019
Sunday, February 24, 2019
Sunday, February 17, 2019
Monday, December 24, 2018
FFAA presentan plan post Haya para aprovechar la Convención de la ONU
El comandante saliente de las Fuerzas Armadas (FFAA), Yamil Borda, presentó el lunes, antes de dejar el cargo, una propuesta post demanda marítima en La Haya que, entre sus partes más destacables, recomienda aprovechar la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En su discurso saliente, Borda presentó la propuesta al presidente Evo Morales y dijo que Bolivia jamás debe renunciar a su aspiración marítima.
"No debemos renunciar jamás en este intento. En ese sentido, le presentamos como Comando en Jefe la propuesta de post demanda, que en una de sus partes recomienda la mayor participación en la Convención del Mar de la Organización de Naciones Unidas", señaló.
Borda añadió que Bolivia no está privada de los beneficios del mar, ya que ese derecho, protegido por las Naciones Unidas, garantiza el acceso a los recursos naturales que brindan los océanos. "Utilicemos nuestro derecho", remarcó.
Borda aseveró que nunca antes en la historia de Bolivia hubo otro Gobierno, como el liderado por el presidente Evo Morales, que "puso todo" para salir del enclaustramiento marítimo que dejó la invasión chilena de 1879.
Friday, November 9, 2018
Brotóns: Bolivia está mejor que antes de presentar la demanda
El jurista español Antonio Remiro Brotóns afirmó ayer en Cochabamba que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 1 de octubre pone a Bolivia en mejores condiciones a las que tenía antes de acudir a ese tribunal en 2013.
“Bolivia está, el 1 de octubre de 2018, en mejor situación global que cuando estaba en la fecha que presentó su demanda en abril de 2013. No estamos igual, ni por supuesto peor, estamos mejor que en esa fecha”, afirmó Brotóns, quien participa en el Undécimo Encuentro de Economistas de Bolivia (11EEB) que se realiza en el coliseo de la Universidad Mayor de San Simón.
Como argumento, recordó que antes de que Bolivia acuda al principal órgano judicial de las Naciones Unidas, el Gobierno de Chile, dirigido por el presidente Sebastián Piñera, señaló que su país no tenía nada que hablar con Bolivia y mucho menos sobre la mediterraneidad forzada que los bolivianos viven desde 1879.
Ese escenario lo graficó como “un callejón sin salida” y fue precisamente por ello que Bolivia buscó una vía que no impugne la nulidad del Tratado de 1904 y encontró documentos en los cuales Chile se había comprometido a atender el reclamo del acceso soberano al océano Pacífico.
Esos hechos, como los registrados en las tratativas de 1950, 1962 y 1975, y la secuencia de los actos unilaterales, sustentó la demanda que Bolivia llevó a la CIJ en procura de que esa Corte juzgue y declare que Santiago tiene la obligación de negociar un acceso al océano Pacífico.
Luego de cinco años de proceso, el 1 de octubre la Corte, por 12 votos a tres, estableció que la República de Chile no contrajo con Bolivia la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico.
Si bien Brotóns consideró muy “dogmática” la decisión de los jueces, porque primaron su prejuicio de que los Estados son “libres de negociar” y de dejar las conversaciones “cuando así les plazca”, afirmó que la “propia sentencia tiene elementos muy favorables”.
En primer término, refiere que el documento del 1 de octubre de 2018 tiene como antecedente la sentencia del 24 de septiembre de 2015, con la cual la misma Corte rechazó la excepción preliminar chilena por 14 votos a dos.
“La Corte dijo en esa sentencia que el Tratado de 1904 y la reclamación boliviana de acceso soberano al mar son dos cosas que pueden funcionar con independencia; por lo tanto, a partir de ese día Chile no puede invocar el Tratado de 1904 como una barrera infranqueable para que Bolivia siga planteando su reivindicación marítima”.
De manera adicional, el proceso judicial dio a Bolivia la posibilidad de trasladar “la narrativa histórica del caso de un ámbito puramente doméstico boliviano a un ámbito universal, eso está en las actas de la Corte y ahí cada palo aguanta su vela, Chile diciendo lo que opina y Bolivia también”.
Esto, según Brotóns, permite que cualquier jurista vea “la justicia de la reclamación boliviana y lo fundada que fue su pretensión”.
A esos hechos, el jurista suma un elemento de mayor relevancia y que está consignado en el parágrafo 176 de la sentencia de la CIJ y que el propio presidente de la Corte, Abdulqawi Ahmed Yusuf, destacó en su informe en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de octubre: que la conclusión de la Corte “no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de las partes se pueden llevar a cabo negociaciones significativas”.
“La Corte dice que durante 100 años Bolivia ha estado dialogando sobre la salida soberana al mar, que se considera de interés común, y que a pesar de lo que ha dicho en la sentencia, en su parte dispositiva, eso no se debe entender como que no auspicia e insta a las partes a que sigan dialogando, y que cuando hay voluntad política se puede lograr resultados”, afirmó Brotóns.
Monday, October 15, 2018
Los nuevos argumentos para el derecho al mar
El 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales anunció al país la decisión de llevar el derecho marítimo boliviano a los tribunales internacionales. Y lo hizo obligado por la resolución del Gobierno chileno de no presentar las propuestas concretas, factibles y útiles para resolver el enclaustramiento.
Santiago cerró todas las puertas a un acercamiento y se escudó en el Tratado de 1904 para alegar que con Bolivia no había ningún tema pendiente.
“Hace siete años el Presidente decidió intentar la vía judicial y para ello trabajó un proyecto de demanda, se formó un equipo, se fueron sumando los esfuerzos, yo me sumé también a ello, hubo consultas con expresidentes, excancilleres, académicos y los bolivianos entendimos que ésa era una opción que seguir. Se trabajó con el mayor rigor y responsabilidad, y se logró superar una objeción de Chile”, afirmó el agente Eduardo Rodríguez Veltzé.
Si bien admitió que el fallo del 1 de octubre, que estableció que Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso al océano Pacífico, fue “una suerte de fiasco”, lo que se ha logrado con este dictamen “es una decisión que supera cualquier otro instrumento que Bolivia antes hubiera tenido en materia del mar”.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta, secundó la postura del agente en el artículo titulado “Sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia”, en el cual identifica ocho elementos favorables de la sentencia, “los cuales deben ser tomados en cuenta para el diseño de nuestras acciones a futuro”.
En ello se ajusta la invocación de la CIJ (párrafos 175 y 176) a continuar el “diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo”.
1.-La CIJ, en su fallo sobre jurisdicción y también en su fallo sobre el fondo, estableció con claridad que Bolivia nació a la vida republicana el año 1825 con una amplia costa sobre el océano Pacífico (párrafo 19: “Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825, respectivamente. En el momento de su independencia, Bolivia tenía una costa de más de 400 km a lo largo del océano Pacífico”).
Además, el párrafo 21 señala que “el 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra a Perú y a Bolivia. Durante esta guerra, que se dio a llamar la Guerra del Pacífico, Chile ocupó el territorio del litoral de Bolivia”.
El 20 de octubre de 1904 se celebró el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia, y oficialmente fue ese tratado lo que hizo concluir la Guerra del Pacífico entre las dos países.
2.-La Corte decidió en su fallo sobre la excepción preliminar de 2015 (párrafo 50) que el Tratado de 1904 no resolvía la cuestión del acceso soberano al mar, lo que significa que Chile no puede invocar ese Tratado para rehusarse a negociar. Éste es un punto importante debido a que la invocación del Tratado de 1904 para rehusarse a negociar acceso soberano al mar ha sido parte de la política de Chile durante muchos años, en particular ante la OEA. Bolivia logró demostrar que Chile estaba equivocado cuando afirmó que la cuestión relativa al acceso soberano fue resuelta en forma definitiva en 1904.
En efecto, la Corte señaló, en 2015, que “los asuntos en disputa no son asuntos ni ‘resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por una sentencia de una corte internacional’ ni ‘regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del Pacto [de Bogotá]’ dentro del significado del artículo VI del Pacto de Bogotá”.
3.-La Corte insiste en su fallo sobre el fondo en la importancia histórica y la continuidad de la reclamación de Bolivia y los esfuerzos correspondientes de las partes para encontrar una solución a la cuestión pendiente del acceso soberano al mar (párrafo 175: “La Corte observa que Bolivia y Chile tienen una larga historia de diálogos, intercambios y negociaciones encaminadas a identificar una solución adecuada al enclaustramiento de Bolivia, derivado de la Guerra del Pacífico y el Tratado de Paz de 1904”). Ello significa que Chile no puede desconocer la historia al afirmar, como pretendió hacerlo hasta antes del proceso, que jamás el tema marítimo ha estado en su agenda. El procedimiento en el presente caso obligó a Chile a admitir que el asunto relativo al acceso soberano ha sido un tema de interés continuo para ambas partes desde 1904.
4.-En muchas instancias del fallo sobre el fondo, la Corte insiste en que Chile ha expresado en repetidas ocasiones su voluntad de entablar negociaciones sobre el acceso soberano al mar (véase, en particular, en el párrafo 159: “Chile ha expresado repetidas veces su voluntad de negociar el acceso soberano de Bolivia”). Incluso si ello no dio lugar a una obligación de negociar, éste es un elemento importante que puede ser utilizado a nivel diplomático o ante organismos no judiciales para afirmar que Chile prometió encontrar una solución a un problema cuya existencia ya no puede ser negada.
De acuerdo con los antecedentes históricos, en 1920, 1923, 1926, 1950, 1961, 1975, 1983 y 2006-2011, los gobiernos de Chile, a través de presidentes, ministros de Relaciones Exteriores o embajadores se comprometen con Bolivia a negociar una acceso al mar, de diferentes formas: sea el puerto de Arica, un corredor o un enclave.
5..-La Corte indica que, según el propio Chile, la política chilena ha sido, durante muchos años, la de negociar acceso soberano al mar (véase, por ejemplo, el párrafo 115); en forma más amplia, todo el fallo revela claramente que durante un siglo, Chile consideró que debían realizarse negociaciones respecto del acceso soberano, incluyendo la Agenda de los 13 Puntos, que la Corte consideró suficientemente amplia, por el uso de los términos “tema marítimo” para “abarcar el asunto del acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico” (párrafo 138).
6.-La Corte destaca ocasionalmente que esta disposición y aceptación de entrar en negociaciones fue “políticamente significativa” (véase el párrafo 105 en relación con el Acta de 1920 o el párrafo 107 en relación con el Memorándum Matte).
105. La Corte también toma nota que en 1920 las partes realizaron negociaciones, durante las cuales Chile se expresó llano a hacer que Bolivia pudiera tener un acceso al mar, cediendo así al país una parte importante de la zona situada en el norte de Arica y también una línea de ferrocarril. Chile aceptó iniciar nuevas negociaciones dirigidas a satisfacer la aspiración del país amigo, pero sujeto a la victoria de Chile en el plebiscito con respecto a las provincias de Tacna y Arica.
107. La Corte observa que los intercambios que tuvieron lugar entre las partes después del “Acta Protocolizada” tampoco indican que hubo un acuerdo según el cual Chile contrajo un compromiso para negociar el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico. En este contexto, el Memorando Matte podría considerarse un paso políticamente significativo. Sin embargo, no estaba dirigido a Bolivia y no contenía ninguna redacción que pudiera mostrar la aceptación por parte de Chile de una obligación de negociar o la confirmación de una obligación previamente existente de hacerlo.
7.-La Corte consideró, en el párrafo 176, que aún hay lugar para negociaciones “significativas”, lo que constituye un claro rechazo al argumento de Chile en sentido de que no existirían temas pendientes con Bolivia. La Corte, en definitiva, observa que su fallo sobre el fondo no impide que las partes “continúen su diálogo e intercambios”, y que lo hagan “en un espíritu de buena vecindad”.
En efecto, el párrafo 176 del dictamen refiere que “no obstante la conclusión de la Corte, no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de las partes se pueden llevar a cabo negociaciones significativas”.
8.-La Corte recordó que, de conformidad con el derecho internacional, existe una “obligación general de resolver las controversias de manera que se preserven la paz y la seguridad internacional” (párrafo 165). La Corte no dice que esta obligación no se aplique en el presente caso. Sólo indica que esta obligación de resolver disputas no implica una obligación de negociar, ya que las partes pueden elegir otros medios de solución porque existe un tema pendiente entre las partes, que no ha sido resuelto con el Tratado de 1904. Esta afirmación de la Corte abre el camino para que Bolivia pueda en el futuro utilizar los otros mecanismos no judiciales previstos en el Pacto de Bogotá, tales como la investigación y conciliación.
165. La Corte recuerda que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, “todos los Miembros resolverán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia”. Este párrafo establece el deber general de resolver disputas de una manera que preserve la paz y la seguridad internacionales, y la justicia, pero no hay ninguna indicación en esta disposición de que las partes en una disputa deban recurrir a un método específico de solución, como negociación. La negociación se menciona en el artículo 33 de la Carta, junto con “investigación, mediación, conciliación, arbitraje, acuerdo judicial, recurso a agencias o acuerdos regionales” y “otros medios pacíficos” de elección de las partes. Sin embargo, esta última disposición también deja la opción de medios pacíficos de solución a las partes interesadas y no separa ningún método específico, incluida la negociación. Por lo tanto, las partes en una disputa a menudo recurrirán a la negociación, pero no tienen la obligación de hacerlo.
Pary: “Tarde o temprano Bolivia y Chile tendrán que dialogar”
El canciller del Estado, Diego Pary, afirmó ayer que “tarde o temprano” Bolivia y Chile tendrán que sentarse a dialogar y resolver el tema del mar, en apego al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
“Chile y Bolivia somos dos países que vivimos juntos por situaciones geográficas, así hemos nacido en la historia y, por lo tanto, tarde o temprano tenemos que sentarnos a resolver ese tema pendiente”, dijo en una entrevista con el programa El pueblo es noticia, difundido por la red de medios estatales.
Reiteró que la CIJ estableció en su dictamen que la Guerra del Pacífico y el Tratado de 1904 generaron un tema pendiente sobre el mar, por lo que invocó al diálogo para solucionar el tema.
“La reivindicación marítima de Bolivia ha sido generada por la Guerra del Pacífico y el Tratado de 1904; además ratifica, menciona dos veces, en el fallo de competencia y en el fallo del 1 de octubre”, recordó.
El 1 de octubre, la CIJ estableció que Chile no tiene obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, pero invocó a sus autoridades a mantener el diálogo hasta lograr una “buena vecindad”.
En ese marco, el Canciller ratificó que Bolivia es un país pacifista y, por tanto, insistirá en dialogar con Chile para resolver el tema marítimo.
“Bolivia es un país pacífico por Constitución, por convicción y en esa dinámica seguiremos ofreciendo el diálogo, seguiremos ofreciendo nuestras manos abiertas para encontrar una solución duradera, una solución efectiva a la reivindicación marítima boliviana”, sostuvo.
Al ser consultado sobre la invitación que realizó el presidente Evo Morales al Gobierno de Chile para retomar el diálogo y atender asuntos relacionados al enclaustramiento de Bolivia, dijo que a la fecha no se hizo conocer una respuesta formal.
Sostuvo que la reivindicación marítima “no cesará jamás” y que se utilizarán “todos los mecanismos posibles para lograr que se efectivice”.
El sábado, autoridades bolivianas encabezadas por el Jefe de Estado visitaron el puerto de Ilo.
“Definitivamente, nuestra reivindicación marítima siempre estará vigente, nosotros jamás abandonaremos este tema que por derecho nos corresponde. Sin embargo, dado el gran crecimiento de la economía boliviana, dado el crecimiento de nuestras importaciones y exportaciones, se hace imprescindible generar nuevos espacios (...), y es en ese marco que estamos priorizando Ilo”, sostuvo Pary.
Sunday, October 14, 2018
Saturday, October 13, 2018
Sin cambios en equipo jurídico para el Silala
El equipo jurídico nacional e internacional que defendió al Estado boliviano en la demanda contra Chile por la reivindicación marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, será el mismo para el caso del Silala. El Gobierno no tiene previsto hacer cambios de los integrantes.
“En este momento tenemos un equipo nacional e internacional trabajando, continuarán con todas las investigaciones técnicas, con los argumentos jurídicos, para respaldar la demanda y a la contrademanda que hemos presentando en La Haya”, declaró el canciller Diego Pary, tras un acto de conmemoración del Día de la Descolonización.
El pasado 1 de octubre, con 12 votos contra 3 el tribunal internacional rechazó la solicitud de Bolivia que pedía obligar a Chile para entablar una negociación sobre una salida soberana al Océano Pacífico. Durante la audiencia, el presidente de la CIJ Abdulqawi Ahmed Yusuf desestimó ocho argumentos jurídicos que presentó Bolivia, a pesar que las autoridades del gobierno aseguraron al país sobre la certeza de la demanda.
Tras este nefasto resultado para el Estado boliviano, los diputados de la bancada de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría y Gonzalo Barrientos plantearon que los actores políticos del equipo jurídico sean cambiados, ya que demuestra que no tuvieron la capacidad de armar una buena demanda internacional.
El equipo jurídico está compuesto por el agente Eduardo Rodríguez Veltzé; coagente Sacha Llorenti; los ministros de Relaciones Exteriores, Diego Pary; Justicia, Héctor Arce, el representante de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón. Además del grupo de juristas nacionales e internacionales.
PROCEDIMIENTO
La Corte Internacional de Justicia convocó a los agentes de Chile y Bolivia para el próximo 17 de octubre para llevar a cabo una reunión, donde se definirá el procedimiento de la demanda que presentó el vecino país por las aguas del Silala.
El pasado 1 de septiembre el Estado boliviano presentó la contramemoria por la demanda que presentó Chile ante esa Corte, después de solicitar la ampliación del plazo por meses, ya que este documento debió ser presentado el 3 de julio.
“En este momento tenemos un equipo nacional e internacional trabajando, continuarán con todas las investigaciones técnicas, con los argumentos jurídicos, para respaldar la demanda y a la contrademanda que hemos presentando en La Haya”, declaró el canciller Diego Pary, tras un acto de conmemoración del Día de la Descolonización.
El pasado 1 de octubre, con 12 votos contra 3 el tribunal internacional rechazó la solicitud de Bolivia que pedía obligar a Chile para entablar una negociación sobre una salida soberana al Océano Pacífico. Durante la audiencia, el presidente de la CIJ Abdulqawi Ahmed Yusuf desestimó ocho argumentos jurídicos que presentó Bolivia, a pesar que las autoridades del gobierno aseguraron al país sobre la certeza de la demanda.
Tras este nefasto resultado para el Estado boliviano, los diputados de la bancada de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría y Gonzalo Barrientos plantearon que los actores políticos del equipo jurídico sean cambiados, ya que demuestra que no tuvieron la capacidad de armar una buena demanda internacional.
El equipo jurídico está compuesto por el agente Eduardo Rodríguez Veltzé; coagente Sacha Llorenti; los ministros de Relaciones Exteriores, Diego Pary; Justicia, Héctor Arce, el representante de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón. Además del grupo de juristas nacionales e internacionales.
PROCEDIMIENTO
La Corte Internacional de Justicia convocó a los agentes de Chile y Bolivia para el próximo 17 de octubre para llevar a cabo una reunión, donde se definirá el procedimiento de la demanda que presentó el vecino país por las aguas del Silala.
El pasado 1 de septiembre el Estado boliviano presentó la contramemoria por la demanda que presentó Chile ante esa Corte, después de solicitar la ampliación del plazo por meses, ya que este documento debió ser presentado el 3 de julio.
¿Qué nos pasó en La Haya?
Inspirado en el pensamiento del excanciller boliviano don Luis Fernando Guachalla, quien al analizar las negociaciones marítimas con Chile sostenía que “en verdad la cuestión portuaria ha venido apareciendo periódicamente, siguiendo en cierto modo, los vaivenes de la conducta chilena, de ofrecimientos y retractaciones”, publiqué –en octubre del año 2000– un trabajo académico titulado El Derecho Internacional y las Negociaciones Marítimas con Chile. Planteaba allí la tesis que los diversos y repetidos ofrecimientos de Chile de negociar una salida al mar para Bolivia constituían un acto unilateral de promesa, que generaba una obligación de negociar.
En ese entonces, basado en una extensa jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y en los avances del proceso de codificación de los Actos Unilaterales de los Estados, promovido por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, señalé que dichos actos tenían la intención de satisfacer la demanda boliviana para reintegrarse al mar, siempre que ésta no asumiera una forma de “reivindicación marítima”.
El país vecino de forma consistente ofrecía diálogo y negociación, pero no siempre una solución directa al encierro geográfico de Bolivia. Remarqué el hecho de que ese acceso al mar tenía una precondición: debería ser independiente del Tratado de Paz de 1904. Sostuve en aquel ensayo que Bolivia debería ser clara en que lo que proponía era un nuevo negocio jurídico internacional mutuamente satisfactorio, mediante una fórmula autónoma y definitiva con relación a los antecedentes históricos; no contemplando su revisión, ni la anulación o terminación del Tratado de Paz de 1904.
En 2013, luego de dos años de preparación con un reconocido equipo jurídico internacional, el presidente Evo Morales anunció la presentación de la demanda boliviana ante la CIJ, cuyo contenido, como sociedad boliviana, nunca lo conocimos, ya que por normativa de la Corte tiene una cláusula de confidencialidad. Como muchos bolivianos me sentí comprometido con ese esfuerzo, ya que tomaba en cuenta muchas de mis anteriores reflexiones. Aunque transmití a algunos de sus gestores mi más amplia disposición para contribuir a ese logro, nunca fui convocado. Entendí bien el celo, reserva y confianza política que importaban esas labores.
Bolivia había encontrado una ruta y argumento legal muy sólido, sustentando en una coherencia interna pocas veces vista. El presidente Morales –como no ocurre en otras materias– convocó a los expresidentes y excancilleres, todos juntos apoyaron la causa, como una política de Estado que trascendía la lucha ideológica doméstica. La nominación del agente de Bolivia en La Haya Eduardo Rodríguez y del portavoz internacional de la demanda, Carlos Mesa, reflejaban un cambio.
Bolivia había logrado encontrar un camino que eludía el suicidio jurídico, frente a los que por años proponían un salto al vacío con la anulación del Tratado de Paz de 1904, como quedó ampliamente sentado en la resolución de la propia CIJ ante la excepción de competencia presentada por Chile, donde el país salió airoso. Quizás ahí no se vio la profundidad de la pregunta del juez Owada, cuando consultó qué entendía Bolivia como acceso soberano al mar.
Luego vinieron los alegatos orales, en los que todos fuimos testigos de la elocuencia de los argumentos y del reclamo por justicia. Esperamos con optimismo el fallo. Finalmente, se pronuncia la fatídica sentencia, las pretensiones bolivianas para que se declare que Chile tiene una obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar fueron rechazadas. La demanda resultó ambiciosa, no sólo se pretendió la obligación de negociar, sino que esa negociación debería tener un resultado. No se le dejó a la Corte la flexibilidad para determinar qué alcance podría tener esa negociación.
La sentencia del 1 de octubre nos muestra que la posición boliviana no fue consistente. Si uno lee el razonamiento de los tres votos disidentes, se pregunta ¿por qué los otros jueces no se convencieron de lo que perseguía Bolivia? Dieron mayor crédito a la defensa chilena, que sostenía que el fin buscado era una suerte de irredentismo, un artificio para vulnerar el Tratado de Paz de 1904.
No fue ni el imperialismo ni las transnacionales. Ocurre que entre los jueces que se pronunciaron contra Bolivia, algunos vienen de Rusia, China e India, países de gran cercanía política para el gobierno nacional. El juez brasileño Antônio Augusto Cançado Trindade, con gran trayectoria en el progresismo y los derechos humanos, cuya obra ha contribuido a afirmar que los Actos Unilaterales de los Estados constituyen una nueva fuente del derecho internacional, también votó en contra. Todos ellos optaron por la retórica chilena catastrófica y no dieron crédito a la evidencia presentada, optaron por una interpretación restrictiva, retrocediendo en su propia jurisprudencia.
La CIJ traía la carga de casos muy criticados. Se le acusó de imponer soluciones salomónicas o creativas, bastante heterodoxas, como en la delimitación marítima entre Chile y Perú, o en la controversia entre Nicaragua y Colombia, que motivó la denuncia colombiana del Pacto de Bogotá. Un segundo fallo contra Chile puede haber pesado en sus consideraciones.
En ese contexto sucedió que a medio camino perdimos el libreto. La estrategia legal/jurisdiccional quedó divorciada de la estrategia política/diplomática. La consistencia entre ambos frentes se disipó. Cuando todo el país debía estar en modo La Haya, se enjuiciaba al Vocero de la demanda y se quitaba así el apoyo político necesario para su gestión.
Mientras el equipo jurídico abogaba por la obligación de negociar un nuevo acuerdo, el presidente Morales sentenciaba “Antofagasta fue, es y será boliviana”, tuit presidencial que fue expuesto en los alegatos ante los jueces de la CIJ, como muestra del objetivo disruptivo del estatus territorial en la región que supuestamente se perseguía, trayendo a la memoria sus anteriores dichos con relación a la muerte del Tratado de 1904 y su pérdida de validez. Bolivia perdió la cohesión y consistencia entre sus argumentos jurídicos y su comportamiento internacional.
La dualidad nos sigue. Mientras se cumplió aceleradamente el laudo arbitral a favor de Quiborax, se dice que Bolivia no acatará el fallo de la CIJ, en un momento en el que está aún bajo su jurisdicción la demanda por las aguas del Silala; o peor ahora, que se ha anunciado que se presentará un recurso de interpretación, que podría ser aún más perjudicial al país ya que por esta vía no es posible la enmienda ni revisión del fallo pronunciado.
¿Qué viene ahora? Los escenarios probables pos La Haya estarán modulados por el contenido y alcance de la sentencia de la CIJ. Ha llegado el tiempo de la autocrítica y la evaluación interna sobre los aciertos y resultados de la estrategia empleada, para desde allí formular un replanteamiento estratégico.
También es momento de rendición de cuentas. Si algo debería pedir el Presidente Morales a Diremar es la elaboración de un Libro Blanco del Litigio con Chile que dé cuenta a los ciudadanos –sin sesgos ni pasiones– de todo el trabajo realizado, los escenarios estudiados, la opción finalmente determinada, los cursos de acción seguidos, los documentos y alegatos desarrollados, como aporte al acervo histórico nacional.
Siguiendo el párrafo 176 de la sentencia, se debe trabajar en construir las condiciones y confianza mutua para restablecer el diálogo bilateral, destinado a enfrentar una negociación significativa, como ha dejado sentado la Corte. Para ello, se debe dejar de judicializar la relación bilateral. Un acuerdo sobre el Silala, con el desistimiento de las partes, sería una gran señal.
Ambos países, como buenos vecinos, están destinados a compartir este lugar común del continente, por lo que tienen una agenda histórica, política, fronteriza, social y económica por delante.
Ramiro Orias A., abogado, Magíster en Estudios Internacionales.
En ese entonces, basado en una extensa jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y en los avances del proceso de codificación de los Actos Unilaterales de los Estados, promovido por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, señalé que dichos actos tenían la intención de satisfacer la demanda boliviana para reintegrarse al mar, siempre que ésta no asumiera una forma de “reivindicación marítima”.
El país vecino de forma consistente ofrecía diálogo y negociación, pero no siempre una solución directa al encierro geográfico de Bolivia. Remarqué el hecho de que ese acceso al mar tenía una precondición: debería ser independiente del Tratado de Paz de 1904. Sostuve en aquel ensayo que Bolivia debería ser clara en que lo que proponía era un nuevo negocio jurídico internacional mutuamente satisfactorio, mediante una fórmula autónoma y definitiva con relación a los antecedentes históricos; no contemplando su revisión, ni la anulación o terminación del Tratado de Paz de 1904.
En 2013, luego de dos años de preparación con un reconocido equipo jurídico internacional, el presidente Evo Morales anunció la presentación de la demanda boliviana ante la CIJ, cuyo contenido, como sociedad boliviana, nunca lo conocimos, ya que por normativa de la Corte tiene una cláusula de confidencialidad. Como muchos bolivianos me sentí comprometido con ese esfuerzo, ya que tomaba en cuenta muchas de mis anteriores reflexiones. Aunque transmití a algunos de sus gestores mi más amplia disposición para contribuir a ese logro, nunca fui convocado. Entendí bien el celo, reserva y confianza política que importaban esas labores.
Bolivia había encontrado una ruta y argumento legal muy sólido, sustentando en una coherencia interna pocas veces vista. El presidente Morales –como no ocurre en otras materias– convocó a los expresidentes y excancilleres, todos juntos apoyaron la causa, como una política de Estado que trascendía la lucha ideológica doméstica. La nominación del agente de Bolivia en La Haya Eduardo Rodríguez y del portavoz internacional de la demanda, Carlos Mesa, reflejaban un cambio.
Bolivia había logrado encontrar un camino que eludía el suicidio jurídico, frente a los que por años proponían un salto al vacío con la anulación del Tratado de Paz de 1904, como quedó ampliamente sentado en la resolución de la propia CIJ ante la excepción de competencia presentada por Chile, donde el país salió airoso. Quizás ahí no se vio la profundidad de la pregunta del juez Owada, cuando consultó qué entendía Bolivia como acceso soberano al mar.
Luego vinieron los alegatos orales, en los que todos fuimos testigos de la elocuencia de los argumentos y del reclamo por justicia. Esperamos con optimismo el fallo. Finalmente, se pronuncia la fatídica sentencia, las pretensiones bolivianas para que se declare que Chile tiene una obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar fueron rechazadas. La demanda resultó ambiciosa, no sólo se pretendió la obligación de negociar, sino que esa negociación debería tener un resultado. No se le dejó a la Corte la flexibilidad para determinar qué alcance podría tener esa negociación.
La sentencia del 1 de octubre nos muestra que la posición boliviana no fue consistente. Si uno lee el razonamiento de los tres votos disidentes, se pregunta ¿por qué los otros jueces no se convencieron de lo que perseguía Bolivia? Dieron mayor crédito a la defensa chilena, que sostenía que el fin buscado era una suerte de irredentismo, un artificio para vulnerar el Tratado de Paz de 1904.
No fue ni el imperialismo ni las transnacionales. Ocurre que entre los jueces que se pronunciaron contra Bolivia, algunos vienen de Rusia, China e India, países de gran cercanía política para el gobierno nacional. El juez brasileño Antônio Augusto Cançado Trindade, con gran trayectoria en el progresismo y los derechos humanos, cuya obra ha contribuido a afirmar que los Actos Unilaterales de los Estados constituyen una nueva fuente del derecho internacional, también votó en contra. Todos ellos optaron por la retórica chilena catastrófica y no dieron crédito a la evidencia presentada, optaron por una interpretación restrictiva, retrocediendo en su propia jurisprudencia.
La CIJ traía la carga de casos muy criticados. Se le acusó de imponer soluciones salomónicas o creativas, bastante heterodoxas, como en la delimitación marítima entre Chile y Perú, o en la controversia entre Nicaragua y Colombia, que motivó la denuncia colombiana del Pacto de Bogotá. Un segundo fallo contra Chile puede haber pesado en sus consideraciones.
En ese contexto sucedió que a medio camino perdimos el libreto. La estrategia legal/jurisdiccional quedó divorciada de la estrategia política/diplomática. La consistencia entre ambos frentes se disipó. Cuando todo el país debía estar en modo La Haya, se enjuiciaba al Vocero de la demanda y se quitaba así el apoyo político necesario para su gestión.
Mientras el equipo jurídico abogaba por la obligación de negociar un nuevo acuerdo, el presidente Morales sentenciaba “Antofagasta fue, es y será boliviana”, tuit presidencial que fue expuesto en los alegatos ante los jueces de la CIJ, como muestra del objetivo disruptivo del estatus territorial en la región que supuestamente se perseguía, trayendo a la memoria sus anteriores dichos con relación a la muerte del Tratado de 1904 y su pérdida de validez. Bolivia perdió la cohesión y consistencia entre sus argumentos jurídicos y su comportamiento internacional.
La dualidad nos sigue. Mientras se cumplió aceleradamente el laudo arbitral a favor de Quiborax, se dice que Bolivia no acatará el fallo de la CIJ, en un momento en el que está aún bajo su jurisdicción la demanda por las aguas del Silala; o peor ahora, que se ha anunciado que se presentará un recurso de interpretación, que podría ser aún más perjudicial al país ya que por esta vía no es posible la enmienda ni revisión del fallo pronunciado.
¿Qué viene ahora? Los escenarios probables pos La Haya estarán modulados por el contenido y alcance de la sentencia de la CIJ. Ha llegado el tiempo de la autocrítica y la evaluación interna sobre los aciertos y resultados de la estrategia empleada, para desde allí formular un replanteamiento estratégico.
También es momento de rendición de cuentas. Si algo debería pedir el Presidente Morales a Diremar es la elaboración de un Libro Blanco del Litigio con Chile que dé cuenta a los ciudadanos –sin sesgos ni pasiones– de todo el trabajo realizado, los escenarios estudiados, la opción finalmente determinada, los cursos de acción seguidos, los documentos y alegatos desarrollados, como aporte al acervo histórico nacional.
Siguiendo el párrafo 176 de la sentencia, se debe trabajar en construir las condiciones y confianza mutua para restablecer el diálogo bilateral, destinado a enfrentar una negociación significativa, como ha dejado sentado la Corte. Para ello, se debe dejar de judicializar la relación bilateral. Un acuerdo sobre el Silala, con el desistimiento de las partes, sería una gran señal.
Ambos países, como buenos vecinos, están destinados a compartir este lugar común del continente, por lo que tienen una agenda histórica, política, fronteriza, social y económica por delante.
Ramiro Orias A., abogado, Magíster en Estudios Internacionales.
Thursday, October 11, 2018
Tuesday, October 9, 2018
Conalcam revela que Morales enviará una carta a Chile para reiniciar el diálogo por el mar
En el transcurso de la jornada el presidente Evo Morales enviará una carta al gobierno de Chile para entablar el diálogo entre ambos países por la causa marítima, reveló el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y miembro de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Juan Carlos Huarachi.
“De acuerdo al informe que nos ha dado el Presidente, en el transcurso de hoy mandará una carta a chile para entablar el diálogo sobre el mar. También enviará otra misiva a la Organización de Naciones Unidas (ONU), esto va ser muy importante para ambos pueblos”, señaló el dirigente luego de la reunión que sostuvo, junto a dirigentes de organizaciones sociales, en la Casa Grande Pueblo.
Huarachi añadió que todo el equipo jurídico está preparándose para encarar el posible reinicio de negociaciones con Chile y posibilitar un acceso soberano al Pacífico.
Sobre la Demanda Marítima presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el dirigente sindical aseguró que todo el proceso estuvo marcado por eventos positivos que lograron dejar sentado ante la comunidad internacional que Bolivia nació con acceso al mar y que el Tratado de 1904 es un tema pendiente.
El 1 de octubre el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) señaló que no puede obligar a Chile a negociar una salida al mar, sin embargo invocó a que ambas partes continúen con las negociaciones de diálogo para resolver el diferendo.
Monday, October 8, 2018
Víctor Hugo Cárdenas Comunidad internacional no habló sobre fallo CIJ
La ausencia de apoyos solidarios de la comunidad internacional ante el fallo desfavorable para Bolivia sobre la demanda marítima contra Chile, emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es efecto del aislamiento diplomático y político que ha provocado el gobierno de Evo Morales, mientras que para el oficialismo se trata de un tema jurídico y no político.
“La ausencia de pronunciamientos de la Comunidad Internacional, líderes políticos de los países que apoyaron la demanda, es efecto del aislamiento de nuestro Gobierno en el plano internacional, nos quedamos sólo con Venezuela”, dijo.
Cárdenas advirtió que no se trata solamente de un aislamiento político, sino también diplomático, lo cual significa un peligro para Bolivia y más aún cuando se trata del tema marítimo, sin embargo atribuyó que este aspecto se debe a la diatriba del mandatario Morales.
“Es un aislamiento no solamente político sino también diplomático y es muy peligroso para nuestros país, el tema marítimo debería motivarnos a tener aliados, la mayor cantidad de países, pero estamos peleados con todos; con países medianos, pequeños incluso de mucho poder como Estados Unidos”, dijo.
NO SE MANIFESTARON
Al exvicepresidente Cárdenas le llamó la atención el que no se manifestara, ni siquiera Venezuela, país con el cual el Presidente tiene una relación muy cercana y al que viaja con cierta frecuencia,y tampoco los políticos del Socialismo del Siglo Veintiuno.
“Con todas las manifestaciones que hizo el Presidente a Venezuela no recibió la misma solidaridad y podría decir que hoy Bolivia está aislada igual que estábamos en el gobierno de García Meza, porque con los otros países no tenemos nada, por el descontrol y las agresiones verbales, incluso los políticos del socialismo del siglo 21 no nos dan su apoyo”, dijo.
Ante este escenario, destacó Cárdenas, que Chile va ganando amigos en el mundo, lo cual indica que la política exterior de Bolivia tiene problemas que no se van a revertir con este gobierno, sino debería buscarse el cambio del mandatario para recuperar las relaciones internacionales.
“Mientras Chile va ganando amigos en distintos lugares Bolivia los va perdiendo (…) es una barbaridad lo que está sucediendo. Pienso que con este gobierno no va cambiar las cosas para recuperar las relaciones internacionales. Un cambio de gobierno es la única solución”, remarcó.
ASUNTO JURÍDICO
En contrasentido, al criterio del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, dijo que el tema marítimo es una política de Estado, que fue deliberado en un escenario jurídico.
“Considero que debe primar el respeto de carácter jurídico porque este fallo no es una decisión política y segundo porque no me parece adecuado ver el respaldo desde la afinidad política e ideológica, en mérito a que el tema marítimo es una política de Estado”, manifestó diputado del oficialismo.
Pero si tuviera que hacer una evaluación en ese contexto, expreso el diputado del MAS, tendría que revisar el por qué no se manifestaron aquellos presidentes o líderes que están en contra del presidente Evo Morales.
“Si tendríamos que evaluar el apoyo o manifestación en la línea ideológica política, entonces tendríamos que buscar saber de por qué no se manifestaron líderes adversos al presidente Evo Morales o afines al Gobierno de Chile, entonces no me parece adecuado ver desde esa dimensión el tema de la solidaridad y apoyo a la causa marítima”, apuntó.
“La ausencia de pronunciamientos de la Comunidad Internacional, líderes políticos de los países que apoyaron la demanda, es efecto del aislamiento de nuestro Gobierno en el plano internacional, nos quedamos sólo con Venezuela”, dijo.
Cárdenas advirtió que no se trata solamente de un aislamiento político, sino también diplomático, lo cual significa un peligro para Bolivia y más aún cuando se trata del tema marítimo, sin embargo atribuyó que este aspecto se debe a la diatriba del mandatario Morales.
“Es un aislamiento no solamente político sino también diplomático y es muy peligroso para nuestros país, el tema marítimo debería motivarnos a tener aliados, la mayor cantidad de países, pero estamos peleados con todos; con países medianos, pequeños incluso de mucho poder como Estados Unidos”, dijo.
NO SE MANIFESTARON
Al exvicepresidente Cárdenas le llamó la atención el que no se manifestara, ni siquiera Venezuela, país con el cual el Presidente tiene una relación muy cercana y al que viaja con cierta frecuencia,y tampoco los políticos del Socialismo del Siglo Veintiuno.
“Con todas las manifestaciones que hizo el Presidente a Venezuela no recibió la misma solidaridad y podría decir que hoy Bolivia está aislada igual que estábamos en el gobierno de García Meza, porque con los otros países no tenemos nada, por el descontrol y las agresiones verbales, incluso los políticos del socialismo del siglo 21 no nos dan su apoyo”, dijo.
Ante este escenario, destacó Cárdenas, que Chile va ganando amigos en el mundo, lo cual indica que la política exterior de Bolivia tiene problemas que no se van a revertir con este gobierno, sino debería buscarse el cambio del mandatario para recuperar las relaciones internacionales.
“Mientras Chile va ganando amigos en distintos lugares Bolivia los va perdiendo (…) es una barbaridad lo que está sucediendo. Pienso que con este gobierno no va cambiar las cosas para recuperar las relaciones internacionales. Un cambio de gobierno es la única solución”, remarcó.
ASUNTO JURÍDICO
En contrasentido, al criterio del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, dijo que el tema marítimo es una política de Estado, que fue deliberado en un escenario jurídico.
“Considero que debe primar el respeto de carácter jurídico porque este fallo no es una decisión política y segundo porque no me parece adecuado ver el respaldo desde la afinidad política e ideológica, en mérito a que el tema marítimo es una política de Estado”, manifestó diputado del oficialismo.
Pero si tuviera que hacer una evaluación en ese contexto, expreso el diputado del MAS, tendría que revisar el por qué no se manifestaron aquellos presidentes o líderes que están en contra del presidente Evo Morales.
“Si tendríamos que evaluar el apoyo o manifestación en la línea ideológica política, entonces tendríamos que buscar saber de por qué no se manifestaron líderes adversos al presidente Evo Morales o afines al Gobierno de Chile, entonces no me parece adecuado ver desde esa dimensión el tema de la solidaridad y apoyo a la causa marítima”, apuntó.
Morales: Demanda marítima no termina con fallo de la CIJ
El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima boliviana será la base para las futuras acciones con el fin de recuperar la salida soberana al océano Pacífico, manifestó el presidente Evo Morales.
“Si bien la Corte no acompaña en la obligación de negociar, no quiere obligar a Chile, pero otros párrafos favorecen totalmente a Bolivia. De acá a poco tiempo eso nos va a ayudar a seguir en la lucha para volver al océano Pacífico, eso es irrenunciable, no vamos a parar”, dijo el Jefe de Estado en el programa Entrevista con la historia de la televisora privada ATB.
En la oportunidad, Morales dio lectura a varios párrafos del dictamen de los jueces de la CIJ en los que se menciona, con claridad, que Bolivia nació a la vida independiente con una costa de 400 kilómetros en el océano Pacífico, y además que el Tratado de 1904 no resolvió el tema del centenario enclaustramiento, aspectos que deben ser considerados en las futuras acciones que se vayan a tomar para recuperar la salida al mar.
Morales indicó que convocará nuevamente a los exmandatarios y excancilleres para analizar dichas acciones y la de enviar una carta, ya sea a la misma Corte o la Organización de Naciones Unidas, para dar a conocer las contradicciones existentes en la parte conclusiva y los antecedentes históricos y jurídicos de la determinación.
La misiva tiene un carácter de aclaración y enmienda; en ella se manifestará lo mencionado con anterioridad. En la oportunidad, Morales indicó que asume toda la responsabilidad de llevar a Chile a la Corte de La Haya.
“Yo decidí y recuerdo que primero dije que hay que demandar el Tratado de 1904 (...), los abogados me enseñaron que ése no era el mejor camino, no me corro, y todo por la patria, todo por el mar lo vamos a hacer, sin ningún miedo y vamos a seguir uniéndonos y explicar al pueblo”, señaló.
Agente sugiere replantear las estrategias de acceso al mar
El agente de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Eduardo Rodríguez Veltzé, considera que tras el fallo sobre la demanda marítima boliviana se deben replantear las estrategias para recuperar el mar, porque el mismo dictamen señala que el tema no está cerrado y que está plenamente vigente.
“No está para nada enterrada ni fulminada la idea de que Bolivia debe recuperar la cualidad marítima, pero habrá que replantear los términos de las estrategias y los rumbos”, dijo ayer el expresidente en entrevista con los medios estatales.
Para él, la presentación de la demanda contra Chile en la Corte de La Haya fue un paso fundamental, mayor al que dieron anteriores gobiernos. Estima que el principal valor es que se reconozca que existe un tema pendiente entre ambos Estados, el cual no fue resuelto por el Tratado de Paz y Amistad de 1904.
Entonces, dijo que no se puede abandonar el anhelo boliviano, sino que se trata de modificar las estrategias para alcanzar el objetivo.
Una nueva oportunidad
Rodríguez aseveró que los bolivianos “no debemos sentirnos derrotados” o que las posibilidades de avanzar hacia la recuperación de la cualidad marítima quedan cerradas, sino que se debe observar que se tiene una nueva oportunidad.
Es importante, planteó, ampliar los horizontes hacia nuevas opciones e inclusive pensar en un nuevo relacionamiento con los países vecinos, incluido Chile, con el que se comparte una extensa frontera al oeste.
Para el embajador de Bolivia en los Países Bajos, la decisión asumida por la CIJ fue “conservadora”, con miras a evitar un precedente que podía dejar para otros conflictos similares en el mundo. Sustentó su afirmación en que en varias regiones del orbe se presentan nuevos escenarios en los que el multilateralismo está siendo despreciado por algunos países que prefieren ir directamente al conflicto.
En su reflexión final, el Agente boliviano manifestó que el diálogo y la diplomacia son las mejores herramientas con las que se cuenta en la actualidad para alcanzar el objetivo propuesto de retornar a las playas. “Mayor diálogo, mejor diplomacia y no perder la unidad”, concluyó.
No estamos confrontando al sistema de la CIJ
La carta que el presidente Evo Morales anunció que enviará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el fallo de la demanda marítima es para expresar las discrepancias existentes con los jueces, pero no representa una apelación o rechazo a la determinación asumida en la Corte de La Haya.
El agente en la Corte, Eduardo Rodríguez Veltzé, explicó que “Bolivia tiene todo el derecho y debe hacer conocer los aspectos en los que no está de acuerdo, pero no estamos confrontando al sistema de la Corte o de las Naciones Unidas”.
Precisó que Bolivia, como país soberano, puede hacer conocer este tipo de diferencias “que nos parecen injustas”, pero que no significa una alteración del orden establecido. La misiva contendrá, anticipó el Presidente, las contradicciones del fallo con los antecedentes históricos y jurídicos.
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