Saturday, October 13, 2018

¿Qué nos pasó en La Haya?

Inspirado en el pensamiento del excanciller boliviano don Luis Fernando Guachalla, quien al analizar las negociaciones marítimas con Chile sostenía que “en verdad la cuestión portuaria ha venido apareciendo periódicamente, siguiendo en cierto modo, los vaivenes de la conducta chilena, de ofrecimientos y retractaciones”, publiqué –en octubre del año 2000– un trabajo académico titulado El Derecho Internacional y las Negociaciones Marítimas con Chile. Planteaba allí la tesis que los diversos y repetidos ofrecimientos de Chile de negociar una salida al mar para Bolivia constituían un acto unilateral de promesa, que generaba una obligación de negociar.

En ese entonces, basado en una extensa jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y en los avances del proceso de codificación de los Actos Unilaterales de los Estados, promovido por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, señalé que dichos actos tenían la intención de satisfacer la demanda boliviana para reintegrarse al mar, siempre que ésta no asumiera una forma de “reivindicación marítima”.

El país vecino de forma consistente ofrecía diálogo y negociación, pero no siempre una solución directa al encierro geográfico de Bolivia. Remarqué el hecho de que ese acceso al mar tenía una precondición: debería ser independiente del Tratado de Paz de 1904. Sostuve en aquel ensayo que Bolivia debería ser clara en que lo que proponía era un nuevo negocio jurídico internacional mutuamente satisfactorio, mediante una fórmula autónoma y definitiva con relación a los antecedentes históricos; no contemplando su revisión, ni la anulación o terminación del Tratado de Paz de 1904.

En 2013, luego de dos años de preparación con un reconocido equipo jurídico internacional, el presidente Evo Morales anunció la presentación de la demanda boliviana ante la CIJ, cuyo contenido, como sociedad boliviana, nunca lo conocimos, ya que por normativa de la Corte tiene una cláusula de confidencialidad. Como muchos bolivianos me sentí comprometido con ese esfuerzo, ya que tomaba en cuenta muchas de mis anteriores reflexiones. Aunque transmití a algunos de sus gestores mi más amplia disposición para contribuir a ese logro, nunca fui convocado. Entendí bien el celo, reserva y confianza política que importaban esas labores.

Bolivia había encontrado una ruta y argumento legal muy sólido, sustentando en una coherencia interna pocas veces vista. El presidente Morales –como no ocurre en otras materias– convocó a los expresidentes y excancilleres, todos juntos apoyaron la causa, como una política de Estado que trascendía la lucha ideológica doméstica. La nominación del agente de Bolivia en La Haya Eduardo Rodríguez y del portavoz internacional de la demanda, Carlos Mesa, reflejaban un cambio.

Bolivia había logrado encontrar un camino que eludía el suicidio jurídico, frente a los que por años proponían un salto al vacío con la anulación del Tratado de Paz de 1904, como quedó ampliamente sentado en la resolución de la propia CIJ ante la excepción de competencia presentada por Chile, donde el país salió airoso. Quizás ahí no se vio la profundidad de la pregunta del juez Owada, cuando consultó qué entendía Bolivia como acceso soberano al mar.

Luego vinieron los alegatos orales, en los que todos fuimos testigos de la elocuencia de los argumentos y del reclamo por justicia. Esperamos con optimismo el fallo. Finalmente, se pronuncia la fatídica sentencia, las pretensiones bolivianas para que se declare que Chile tiene una obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar fueron rechazadas. La demanda resultó ambiciosa, no sólo se pretendió la obligación de negociar, sino que esa negociación debería tener un resultado. No se le dejó a la Corte la flexibilidad para determinar qué alcance podría tener esa negociación.

La sentencia del 1 de octubre nos muestra que la posición boliviana no fue consistente. Si uno lee el razonamiento de los tres votos disidentes, se pregunta ¿por qué los otros jueces no se convencieron de lo que perseguía Bolivia? Dieron mayor crédito a la defensa chilena, que sostenía que el fin buscado era una suerte de irredentismo, un artificio para vulnerar el Tratado de Paz de 1904.

No fue ni el imperialismo ni las transnacionales. Ocurre que entre los jueces que se pronunciaron contra Bolivia, algunos vienen de Rusia, China e India, países de gran cercanía política para el gobierno nacional. El juez brasileño Antônio Augusto Cançado Trindade, con gran trayectoria en el progresismo y los derechos humanos, cuya obra ha contribuido a afirmar que los Actos Unilaterales de los Estados constituyen una nueva fuente del derecho internacional, también votó en contra. Todos ellos optaron por la retórica chilena catastrófica y no dieron crédito a la evidencia presentada, optaron por una interpretación restrictiva, retrocediendo en su propia jurisprudencia.

La CIJ traía la carga de casos muy criticados. Se le acusó de imponer soluciones salomónicas o creativas, bastante heterodoxas, como en la delimitación marítima entre Chile y Perú, o en la controversia entre Nicaragua y Colombia, que motivó la denuncia colombiana del Pacto de Bogotá. Un segundo fallo contra Chile puede haber pesado en sus consideraciones.

En ese contexto sucedió que a medio camino perdimos el libreto. La estrategia legal/jurisdiccional quedó divorciada de la estrategia política/diplomática. La consistencia entre ambos frentes se disipó. Cuando todo el país debía estar en modo La Haya, se enjuiciaba al Vocero de la demanda y se quitaba así el apoyo político necesario para su gestión.

Mientras el equipo jurídico abogaba por la obligación de negociar un nuevo acuerdo, el presidente Morales sentenciaba “Antofagasta fue, es y será boliviana”, tuit presidencial que fue expuesto en los alegatos ante los jueces de la CIJ, como muestra del objetivo disruptivo del estatus territorial en la región que supuestamente se perseguía, trayendo a la memoria sus anteriores dichos con relación a la muerte del Tratado de 1904 y su pérdida de validez. Bolivia perdió la cohesión y consistencia entre sus argumentos jurídicos y su comportamiento internacional.

La dualidad nos sigue. Mientras se cumplió aceleradamente el laudo arbitral a favor de Quiborax, se dice que Bolivia no acatará el fallo de la CIJ, en un momento en el que está aún bajo su jurisdicción la demanda por las aguas del Silala; o peor ahora, que se ha anunciado que se presentará un recurso de interpretación, que podría ser aún más perjudicial al país ya que por esta vía no es posible la enmienda ni revisión del fallo pronunciado.

¿Qué viene ahora? Los escenarios probables pos La Haya estarán modulados por el contenido y alcance de la sentencia de la CIJ. Ha llegado el tiempo de la autocrítica y la evaluación interna sobre los aciertos y resultados de la estrategia empleada, para desde allí formular un replanteamiento estratégico.

También es momento de rendición de cuentas. Si algo debería pedir el Presidente Morales a Diremar es la elaboración de un Libro Blanco del Litigio con Chile que dé cuenta a los ciudadanos –sin sesgos ni pasiones– de todo el trabajo realizado, los escenarios estudiados, la opción finalmente determinada, los cursos de acción seguidos, los documentos y alegatos desarrollados, como aporte al acervo histórico nacional.

Siguiendo el párrafo 176 de la sentencia, se debe trabajar en construir las condiciones y confianza mutua para restablecer el diálogo bilateral, destinado a enfrentar una negociación significativa, como ha dejado sentado la Corte. Para ello, se debe dejar de judicializar la relación bilateral. Un acuerdo sobre el Silala, con el desistimiento de las partes, sería una gran señal.

Ambos países, como buenos vecinos, están destinados a compartir este lugar común del continente, por lo que tienen una agenda histórica, política, fronteriza, social y económica por delante.

Ramiro Orias A., abogado, Magíster en Estudios Internacionales.

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