Para Bolivia, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es plenamente competente y tiene jurisdicción para atender nuestro caso, “así lo demostraremos el 6 de mayo, cuando Bolivia intervenga”, afirmó el procurador general del Estado, Héctor Arce.
Los alegatos orales para tratar la excepción preliminar planteada por Chile contra la Corte de La Haya comenzarán el lunes 4 de mayo con la exposición de la representación del vecino país, Bolivia lo hará el miércoles 6 y los días 7 y 8 tendrán lugar la réplica y dúplica.
Con el propósito de tratar este asunto llegaron al país cuatro de los seis miembros del equipo jurídico internacional, quienes se reunieron el lunes 13 de abril en la ciudad de Santa Cruz con las autoridades bolivianas, encabezadas por el presidente Evo Morales y el canciller David Choquehuanca, y el martes con los excancilleres.
De manera coincidente, todos y por separado, reconocieron la solidez de la demanda como dijo el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, “por la contundencia de los argumentos históricos y jurídicos que se tiene”.
En la reunión con los juristas internacionales Antonio Remiro Brotóns (español), Payam Akhavan (iraní), Monique Chemillier-Gendreau y Mathias Forteau (franceses) participaron el canciller Choquehuanca; el ministro Moldiz; el procurador Arce; el agente boliviano en la CIJ y embajador en Holanda, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé; el representante internacional para la Causa Marítima, el expresidente Carlos Mesa, y otras autoridades.
mucha responsabilidad
Arce reiteró que el Gobierno actuó con responsabilidad al presentar la demanda, cansado de la política dilatoria y distraccionista de Chile y “parte de la responsabilidad está en que la demanda es objetiva, concreta y científica en lo jurídico, fuertemente respaldada en el derecho internacional”.
El Procurador afirmó que la demanda se presentó gracias a la estabilidad política y económica del país, “somos el segundo país que más crece en la región (...) Chile jugaba con esa inestabilidad”.
confiar en el fallo
Karen Longaric, especialista en Solución de Controversias Internacionales, en torno a la reunión en Santa Cruz, destacó que “Antonio Remiro Brotóns, prestigioso abogado español, manifestó convicción sobre la viabilidad, solidez y éxito de la demanda. Estas manifestaciones de optimismo y certeza jurídica transmiten seguridad a la ciudadanía boliviana respecto a una decisión judicial de la CIJ favorable a la tesis boliviana”
“Sin embargo, no debemos subestimar la estrategia jurídica que seguramente está procesando Chile. No hay que olvidar que en toda controversia las partes involucradas tienen su propia tesis, en la que basan sus pretensiones y sustentan los derechos que afirman tener, que les permite crear sus propias expectativas en torno a la decisión final del Tribunal que dirime la causa”, argumentó.
Longaric explicó a Cambio que es importante recordar que en las contiendas de carácter internacional, la solución del conflicto no es tarea fácil, tiene aristas complejas, particularmente cuando se trata de divergencias emergentes de temas sensibles, como los asuntos limítrofes, soberanía de los Estados, derechos territoriales, etcétera.
A esto se debe añadir otros elementos que pueden complicar o enervar aún más la solución del conflicto, como la ausencia de normas convencionales en las que el Tribunal deba respaldar y sustentar su fallo o la falta de uniformidad en la jurisprudencia o en la doctrina.
Agregó que “con certeza, estos y otros determinantes aflorarán en la alocución de las partes en conflicto durante los alegatos orales que se inician el 4 de mayo. En mi criterio ese será un momento fundamental en el proceso judicial que complementará sustancial y decisivamente los argumentos vertidos por Bolivia y Chile en los actuados escritos del incidente procesal. A partir de ello, el Tribunal Judicial de La Haya tendrá todos los elementos que le permitirán dirimir la excepción planteada por Chile y proseguir con el conocimiento de la causa o declinar competencia”.
Mientras que respecto al pedido de Chile para que Bolivia se comprometa formalmente a cumplir la sentencia de la CIJ, la especialista en Solución de Controversias considera que “ante la seguridad brindada por el equipo de abogados que patrocina la demanda boliviana, es altamente factible confiar en un fallo favorable a nuestros intereses”.
“En ese sentido y en conocimiento del alcance de la argumentación y fundamentación jurídica no habría por qué temer a comprometer el cumplimiento categórico del fallo que pronunciará la Corte de La Haya. Además es innecesario un pronunciamiento de esa naturaleza, estando de por medio la buena fe de los Estados litigantes y el respeto que las partes deben a las decisiones de la CIJ”, añadió Longaric.
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