El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia identificó 12 puntos de incumplimiento en el puerto de Antofagasta para la carga boliviana. A través de un comunicado, Relaciones Exteriores de Chile justifica el incumplimiento de los acuerdos bilaterales.
El Gobierno boliviano dio a conocer que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile pretende desconocer sus obligaciones en virtud del Tratado de 1904 y acuerdos posteriores, dado que de estos instrumentos emanan obligaciones relativas a tarifas portuarias y servicios a la carga boliviana.
Se denuncia también que, ante los reclamos por el incremento unilateral de las tarifas, la empresa ATI toma medidas contra las empresas bolivianas, obligándolas a aceptar “acuerdos comerciales” a través de amenazas de no efectuar nuevos embarques de mineral boliviano, e impone nuevas exigencias de pagos anticipados y boletas de garantía para prestar servicios.
Incumplimientos
Bolivia se encuentra en un proceso de industrialización que requiere de vías y puertos para su producción. Las condiciones ofrecidas por el Gobierno de Chile en sus puertos son insuficientes para soportar este desarrollo. En este sentido, Bolivia requiere que Chile cumpla con su obligación de otorgar el más amplio y libre tránsito en puertos que no perjudiquen la vida de las personas y la salud de nuestra Madre Tierra.
A través del trabajo conjunto entre el Gobierno boliviano y el sector privado se identificaron 12 atropellos en el puerto de Antofagasta: Chile incumple la obligación de otorgar almacenamiento gratuito para carga de exportación en el puerto.
También se señaló la definición unilateral de tarifas para la carga boliviana en tránsito; el pago por el uso de spreaders (sistema elevador) para contenedores de volteo; recurrentes paros e interrupciones de servicio en el puerto; la prohibición para que el mineral boliviano se almacene a granel en el puerto, mientras que la carga chilena goza de enormes espacios e infraestructura para el manejo de carga a granel.
Pese a los compromisos, el lugar designado para el acopio del mineral boliviano no cuenta con la infraestructura necesaria para atender las necesidades de Bolivia, y llega a colapsar, es otra de las medidas impuestas.
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