Expertos investigadores de las aguas del Silala cuestionaron al Gobierno boliviano por no informar a la población sobre los aspectos técnicos y jurídicos que contiene la demanda que interpuso Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya contra Bolivia. El Ejecutivo respondió que están siguiendo el protocolo del Tribunal internacional.
“El Gobierno debe crear opciones de participación ¿Por qué la población no tiene opciones de participación, por qué no se quiere escuchar? Hay un hermetismo sobre el tema de la demanda que Chile interpuso. Tenemos que crear escenarios donde demostremos los aspectos técnicos y fundamentalmente de derecho”, cuestionó el investigador, Milton Lérida.
Estas críticas surgen después que el presidente boliviano indicó que el Estado boliviano decidió desistir de presentar una contrademanda contra Chile por recomendaciones de instituciones internacionales.
Por su parte, el canciller Fernando Huanacuni dijo que al radicar la demanda en la instancia internacional, las partes deben seguir ciertas restricciones al referirse sobre el tema, debido a esto no se pueden referir a ciertas puntualizaciones sobre el contenido de la demanda.
El equipo nacional e internacional estamos trabajando en temas jurídicos, cuando se radica una demanda ante de cualquier tema, en este casi la demanda hay protocolos que debemos seguir como estado y una corte jurídica el debate es jurídico y no podemos hablar en ciertos temas específicos solo en términos genéricos.
TEMA DISTRACTIVO
Por su parte el historiador Luis Antezana dijo que el Gobierno cayó en la trampa del vecino país, tomando en cuenta que este planteó en su demanda que la Corte de Justicia de La Haya se pronuncie sobre la naturaleza de los manantiales, que a criterio de estos es un rio internacional y está en su derecho hacer uso de las mismas.
El 6 de julio de 2016, después de casi un mes de que Chile presentó la demanda ante la CIJ, el agente Eduardo Rodríguez Veltzé informó que el Tribunal registró el proceso como disputa y estatus de las aguas del Silala, retirando así el término “río” con el que había inscrito Chile el juicio.
Antezana dijo que Chile solo pretende desviar la atención del fondo del conflicto, que debe reconocer que los manantiales del Silala se encuentran en el Cantón Quetena Chico en la provincia Sur Lípez del departamento de Potosí a más de cinco kilómetros de la línea fronteriza con Chile.
CONTRADEMANDA
El diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD), expresó que al dejar de lado la presentación de una contrademanda y no insistir en el pago de la deuda millonaria, es un retroceso para el país en materia de defensa de la soberanía de los recursos naturales. En su criterio, el pago de los 1.000 millones de dólares que debe pagar la firma chilena al Estado boliviano se halla en peligro.
El dirigente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) Jhonny Llaly lamentó que las autoridades de la Villa Imperial no hayan presentado una denuncia internacional contra la empresa The Antofagasta and Bolivian Raliway Company Limited por el uso arbitrario de los manantiales
“Nosotros no podemos seguir retardando en la defensa de estos recursos, la gobernación de potosí debió iniciar un proceso internacional a la empresa que usurpó las aguas y firmó el contrato, ellos no están realizando ninguna de estas acciones y nos dejan en la indefensión”, señaló el dirigente cívico.
El 2017, Lérida también envió una carta a la Procuraduría General del Estado solicitando que se presente una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra la empresa chilena, con la finalidad de que cancele los recursos económicos por el uso arbitrario de las aguas.
REUNIÓN
Por ultimo Huanacuni dijo que el equipo jurídico nacional se reunirá mañana, los abogados y expertos internacionales lo harán los primeros días de julio, ambas delegaciones están ultimando los detalles para la presentación de la contramemoria el 3 de septiembre. La autoridad evitóp precisar el lugar.
