La alta diplomacia de los gobiernos de Bolivia y de Chile ha decidido convertir el diferendo marítimo de ambos países en una polémica mediática, de acusaciones diarias que vienen y van, sobre el asunto legal que es el juicio planteado por el Gobierno de Evo Morales en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, un asunto que amerita razonamientos legales de fondo.
Otro nuevo capítulo se ha suscitado ayer entre ambas partes, mientras se aguarda el procedimiento que seguirá la CIJ, a propósito del recurso de objeción de competencia a ese tribunal planteado por la presidenta Michelle Bachelet, mandataria que se ha quedado al margen de la guerra de acusaciones entre autoridades de ambos gobiernos.
Críticas van, críticas vienen
“Chile no va a ceder soberanía territorial y marítima. Bolivia pierde el tiempo cuando intenta por esta vía, de la Corte Internacional de Justicia, promover un caso donde se pretende obligar a Chile a negociar una salida soberana en favor de Bolivia. Eso no va a ocurrir”, argumentó, tajante, el canciller Heraldo Muñoz, ya conocido protagonista de los entredichos con La Paz, un día después de asegurar que su país no aceptará la mediación del papa Francisco en el litigio.
Como es costumbre, unos minutos después, alguien del Gobierno boliviano, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, increpó a Muñoz a través de otra rueda de prensa indicando que “cualquier posición de las autoridades de Chile que se aleje de lo que implica la resolución de este problema en una corte internacional, como es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, muestra que están en contra de lo que implica el derecho internacional”. Minutos antes, el presidente Morales contestó a Muñoz que cualquier organización mundial puede mediar en el conflicto. Para algunos analistas, la “guerra de boletines de prensa” entre ambos no gravita en lo serio: la demanda en La Haya
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