Bolivia vio a un Chile que no acaba de superar el fallo por el que, en 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la excepción preliminar que planteó para apartar de la jurisdicción del tribunal la demanda marítima boliviana.
Así lo afirmó el agente de Bolivia en el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, Eduardo Rodríguez Veltzé, luego de la segunda presentación de alegatos orales de Chile durante la primera ronda de las audiencias orales.
“Chile no ha superado el rechazo de la Corte a su objeción preliminar, una objeción preliminar que intentó retirar de esta corte la causa boliviana. Ese rechazo comprendió además el rechazo de la teoría de Chile de que el Tratado de 1904 ponía fin a toda disputa de Bolivia y Chile”, señaló Rodríguez Veltzé durante una declaración a la prensa en las escalinatas del Palacio de la Paz.
El dictamen del 24 de septiembre de 2015, además de rechazar la excepción preliminar chilena, por decisión de 14 jueces de la CIJ contra dos que pidieron dejar para el final del proceso la decisión, determinó que la demanda boliviana continúe su proceso porque no estaba regida por ningún tratado.
De hecho, el punto 54 del fallo del tribunal señala que “la Corte concluye que los asuntos en disputa no son asuntos ‘resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional’ o ‘regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de celebración del Pacto de Bogotá’”.
Antes, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, desde el mismo sitio, defendió los argumentos expuestos por su país ante los jueces de la Corte.
Dijo que el caso boliviano es “un artilugio” y que la verdadera razón de la demanda presentada en la CIJ el 24 de abril de 2013 es la Constitución Política de Bolivia, vigente desde 2009, porque “obliga a sus gobernantes a desconocer tratados como el de 1904” y que, por tanto, no tiene su causa en Chile. “El caso de Bolivia pone en riesgo la intangibilidad de las fronteras. Para Chile hay un principio fundamental, una vez establecidos los límites por ambos países, ellos permanecen. Esto es lo que permite relaciones vecinales de buen nivel, es lo que permite la seguridad, la estabilidad y también la prosperidad de los países”, dijo.
Señaló además: “Chile siempre ha demostrado ser un buen vecino. Y ha estado siempre dispuesto a escuchar las aspiraciones de Bolivia, sin embargo sentarse a escuchar las aspiraciones de un país vecino no implica que uno esté obligado a aceptar todas aquellas aspiraciones, demandas, planteamientos; no significa además que uno tenga que estar obligado a cumplir aquello”.
A tono con Ampuero, el agente chileno Claudio Grossman, el tercero de Chile desde que inició el proceso de por la demanda marítima, reforzó la tesis del impacto que tendría una resolución a favor de Bolivia.
Advirtió: “Aquí no sólo está en juego una cuestión importante, la relación Chile-Bolivia, lo que es muy importante considerar es el valor de la diplomacia y del derecho. El lenguaje común de la relación entre los Estados es el derecho internacional, que establece la forma en que se tienen que conectar cuando quieren crear obligaciones de carácter jurídico. Insertar el derecho en la diplomacia tiene graves consecuencias”.
Esa postura fue expuesta por los abogados de Chile en el Gran Salón de Justicia, en el interior del Palacio de la Paz.
El mayor exponente de ello fue el abogado estadounidense Harold Koh, quien incluso dijo “que se debe ser cuidadoso” al hacer solicitudes a la Corte porque podrían socavar acuerdos como el Pacto de Bogotá.
“Según Bolivia, la disponibilidad política crea una obligación jurídica que crea responsabilidades. Muchos Estados podrían generar tratos hilando los compromisos que están separados de su contexto y podrían presentarlos como algo histórico, cuando sólo era algo diplomático”, dijo el jurista, el único que tenía una pequeña insignia de la bandera chilena en el lado izquierdo superior del saco.
Con esa advertencia, Koh trató de fundamentar la tesis chilena de que en las tratativas que Chile tuvo con Bolivia no se crearon obligaciones vinculantes para negociar un acceso al mar, porque Santiago sólo estuvo “abierto a escuchar las preocupaciones” de La Paz.
En tanto que la argentina Mónica Pinto, quien también insistió en la inexistencia de obligaciones por parte de Chile, situó el contexto de sus argumentos en las once resoluciones que la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió entre 1979 y 1989, y en las cuales se aludió a la causa marítima boliviana.
Si bien admitió que tres de las resoluciones fueron aprobadas con el apoyo de Chile, dijo que en ninguna se “menciona la obligación de negociar, tampoco la crea”.
“No menciona nuevas negociaciones, menos menciona la obligación de negociar. Las resoluciones no usan el concepto de obligación de negociación, sino hablan en el espíritu de fraternidad”, alegó.
En ese sentido, dijo que las resoluciones de la OEA, como la que incluso se aprobó en 1983 y que recomendó a Bolivia y Chile iniciar “negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”, eran sólo parte de una retórica política que no establece una “vinculación de obligación”.
Otros argumentos
Al igual que Pinto y Koh, los juristas Sam Wordworth y Ben Juratowitch ratificaron que no se creó la obligación de negociar un acceso al mar, esto a partir de los hechos registrados en 1950 y 1977-1978, y las negociaciones de 2000 de Algarbe y la Agenda de los 13 Puntos, de 2006.
El pilar de Wordworth fue sostener que las actas de 1950, las cuales abrían un camino a la negociación sobre el acceso propio de Bolivia al mar, no fueron ratificadas por los congresos de Bolivia y Chile para que tengan un valor jurídico vinculante.
En tanto que sobre las conversaciones que emergieron del Abrazo de Charaña de 1975 —cuando se acordó continuar el diálogo “con el fin de encontrar fórmulas para solucionar los asuntos vitales que enfrentaban ambos países, como el relativo al enclaustramiento que afecta a Bolivia”, e incluso en esa ocasión Santiago dijo estar “dispuesto a negociar la cesión de una franja de territorio al norte de Arica hasta la Línea de la Concordia”— señaló que éstas fracasaron por responsabilidad de La Paz.
También dijo que fue Bolivia la que rechazó la propuesta de Perú.
No obstante El libro del mar refiere que, “en conformidad con el Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929, Chile consultó al Perú sobre la cesión a Bolivia de la señalada franja territorial y marítima. El 19 de noviembre de 1976, Perú manifestó que aceptaba la cesión a Bolivia de un corredor soberano por el norte de la provincia de Arica, a condición de que el área territorial adyacente a la costa de dicho corredor estuviera sujeto a un régimen de soberanía compartida entre los tres países”.
Sin embargo —agrega el texto—, “Chile rechazó dicha propuesta y rehusó gestionar la aceptación del Perú al acuerdo boliviano-chileno. Esta postura, sumada a la condición del canje territorial, provocó el estancamiento de la negociación pese a los esfuerzos de Bolivia por proseguir con la misma. Ante esa situación, en marzo de 1978, Bolivia no tuvo más alternativa que romper relaciones diplomáticas”.
Ben Juratowitch indicó que en las conversaciones entre Bolivia y Chile, que iniciaron en Algarbe, Portugal, el 22 de febrero del año 2000, sólo se conformó “una agenda de trabajo sin exclusiones” que “no crea ni confirmaba ninguna obligación jurídica”.
Mientras que sobre la Agenda de los 13 Puntos, de 2006, dijo que era “una declaración amplia”, que no precisaba “el acceso al mar” y que los temas eran tratados por un mecanismo de consultas políticas a nivel diplomático.
Todos los juristas insistieron en que Bolivia fue cambiando sus argumentos y pedido a la CIJ, lo cual fue rechazado por el agente Rodríguez Veltzé.
“La demanda de Bolivia es absolutamente clara y no ha variado. Bolivia pide que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe, de manera efectiva, que tiene una obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico”, enfatizó Rodríguez Veltzé.
Indicó que “Chile sigue equivocado en los textos presentados y en los contextos, un contexto del siglo XXI en el que el derecho internacional y los desarrollos del derecho internacional nos permiten a los Estados resolver nuestras diferencias a través del derecho internacional y la justicia internacional”.
“Por algunas de las apreciaciones de Chile tenemos la impresión de que siguen anclados en el siglo pasado. En todo caso es importante resaltar lo que se había dicho ayer (el jueves), creemos que es la corte que delibera y evaluará las pruebas presentadas por las partes.
Bolivia tiene absoluta certeza de que Chile no ha enervado, no ha modificado la postura y las pruebas bolivianas”, aseguró.
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