El diputado Amílcar Barral y el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, remitieron cinco peticiones de informe oral a los ministro de Justicia, Héctor Arce; Comunicación, Gisela López; de la Presidencia, Alfredo Rada, canciller Diego Pary, y al procurador general del Estado, Pablo Menacho.
Por otro lado, un total de 16 legisladores de la misma tienda partidaria plantearon una petición de informe al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García para que respondan sobre el presupuesto y otros asuntos vinculados con la demanda marítima que Bolivia perdió en La Haya.
“Solicitamos a usted que en el marco de sus atribuciones constitucionales coordine con el Presidente Evo Morales Ayma (…) como responsable de nuestra política exterior, se haga presente en la Asamblea para brindar un informe detallado y transparente respecto al contundente fallo contra nuestras aspiraciones”, señala la carta enviada ayer al Vicepresidente.
El informe apunta a los aspectos jurídicos, económicos, diplomáticos, institucionales y, en particular, a las consecuencias del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que determinó que Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al mar.
GASTOS
El Gobierno de Chile transparentó los gastos que representó el proceso en el tribunal internacional, se supo que La Moneda gastó unos $us 25 millones. Hecho que fue revelado por las autoridades de ese país.
Este aspecto fue consultado al presidente Evo Morales y al ministro de Relaciones Exteriores Diego Pary, quienes no quisieron responder sobre los recursos erogados. Esquivaron la interrogante con el argumento de que no es momento de hablar sobre esos detalles.
Por su parte, la presidenta de la cámara de diputados Gabriela Montaño indicó que se transparentarán los recursos usados en la demanda internacional y lamentó que estos temas sean usados por los opositores para afectar a la imagen del presidente.
VIAJES
Durante los cinco años de la demanda internacional, el presidente Evo Morales hizo más de una decena de viajes a La Haya, Holanda para reunirse con el equipo jurídico internacional y coordinar la estrategia jurídica que se desarrolló en el tribunal internacional.
En marzo de esta gestión, para la presentación de los alegatos orales, llevó una delegación de más de 10 personas, incluidos a expresidentes, excancilleres académicos y dirigentes del Pacto de Unidad y de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam).
Estos gastos fueron criticados por los opositores, incluso la diputada de UD Shirley Franco en esa oportunidad presentó una solicitud de informe escrito a la presidencia de la Cámara de Diputados y no obtuvo respuestas concretas por parte del Legislativo ni del Ejecutivo.
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