Nada es casual. Los chilenos no se lanzaron a la aventura belicista únicamente por el salitre sino, fundamentalmente, por la riqueza minería que había en lo que para ese momento era Atacama, una provincia que dependía de la Prefectura de Potosí y que contiene una enorme riqueza de cobre y bórax.
11 de julio de 1971, la plaza central de Rancagua es un hervidero. El presidente de Chile, Salvador Allende, consolida la nacionalización del cobre sentando las bases del desarrollo económico futuro del país con lo que él mismo llamó: “el sueldo de Chile”.
El Presidente socialista tenía mucha razón: las minas de cobre que recuperó el Estado obtenían una ganancia de más de 200 millones de dólares por año.
El año 2015, las empresas cupríferas de Chile generaron una ganancia de 1.200 millones de dólares, recursos que son utilizados en inversión pública mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos del vecino país.
Sin embargo, Chile nunca hubiera tenido su “sueldo” si en 1879 no arrebataba a Bolivia, a sangre y fuego, 400 kilómetros de costa y mar territorial, allá donde están las regiones de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Calama, Cobija, Atacama y otras.
Nada es casual. Los chilenos no se lanzaron a la aventura belicista únicamente por el salitre sino, fundamentalmente, por la riqueza minería que había en lo que para ese momento era Atacama, una provincia que dependía de la Prefectura de Potosí y que contiene una enorme riqueza de cobre y bórax.
Gracias a la apropiación ilegal del territorio potosino, Chile se hizo de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, teniendo más de un cuarto de las reservas del orbe.
En 1879 se consolidó el mayor despojo de la riqueza minera del planeta, nunca antes un país se había apropiado de tanta riqueza yacente en el subsuelo, Chile sentó con ello las bases de su futuro económico.
Existe otro hito en la historia de este despojo. El año 1884, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (Chile) construyó pequeñas zanjas de tierra para recolectar aguas de los bofedales bolivianos como la única forma de llevar agua estancada hasta el ferrocarril que uniría Antofagasta con la nueva frontera de Bolivia.
El drenaje de las aguas les llevó a construir un sistema de canales que servirían para que el agua pase a su territorio para la distribución a la gente que vivía en la IV región del vecino país.
Con el paso de los años, el agua se fue direccionando hacia las empresas mineras, que la requerían para su funcionamiento. René Navarro, exdirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), sostiene que sin las aguas del Silala, los chilenos habrían fracasado en su emprendimiento productivo del cobre.
Navarro, que organizó la primera caravana al Silala, destaca que era imposible llevar agua de mar hasta los centros mineros como El Teniente, Radomiro Tomic, Chuquicamata, Gabriela Mistral, Ministro Hales, Salvador y Andina, no solo por su alto costo sino porque para ello se debía construir un enorme sistema, de tal manera que la misma discurra en forma continua.
Agua para minería
El pasado 25 de abril, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde señaló que el cien por ciento de las aguas del Silala que van de Bolivia a Chile (por canales artificiales) se usa en la actividad minera del vecino país. Esa es una de las conclusiones a las que llegó el Gobierno boliviano en el proceso de análisis del problema para presentar una demanda.
Era la primera vez que se indicaba, con absoluta claridad, que ni una gota de las aguas del Silala beneficiaban a la población chilena y se estaba desvelando que Chile hizo del agua que saca de Bolivia un gran negocio a cargo de una empresa privada que, solamente el año pasado, logró una ganancia de 71 millones de dólares.
“Esas son las minas de Chuquicamata, Inés de Collahuasi, La Escondida; son las minas de cobre más grandes del mundo, que utilizan las aguas del Silala. Ni una gota de estas aguas va para beber”, dijo Alurralde ante dirigentes de organizaciones sociales que acudieron a escuchar su explicación sobre estas aguas en la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí.
La autoridad desnudaba así al alcalde de Calama, Esteban Velásquez, que el 29 de marzo esperó a la comisión boliviana que visitaba el Silala para pedir que no se corte el agua porque, según su posición, era consumida por su gente; él alegó que el derecho al agua era un derecho universal. Olvidó decir que esas aguas servían para el funcionamiento de las empresas del cobre, generadoras de millones de dólares para beneficio de su país.
El Alcalde de Calama solamente estaba cumpliendo su rol de defensor de los intereses chilenos. Tenía la misión de convencer que el agua era para la gente, de sensibilizar a los que acompañaron al presidente Evo Morales en la visita al Silala.
En esa oportunidad, los chilenos mostraron una cara buena, pidiendo que por favor no se cortara el agua. Pero, escondidos entre las rocas estaban agentes de inteligencia que sacaban fotografías a quienes eran parte de la caravana boliviana; y en lo alto de los cerros, en territorio chileno, francotiradores escudriñaban con detenimiento el accionar de los dueños del agua.
No renunciar
El gobernador potosino, Juan Carlos Cejas, dice que Bolivia no puede renunciar a las aguas del Silala porque constituyen un ejemplo vivo de la forma de saqueo de una riqueza natural.
Cejas está organizando caravanas al Silala. Ya fueron periodistas y estudiantes de la capital y de las provincias de Potosí, y esto está generando una verdadera comprensión del problema y una conciencia de la necesidad de hacer algo al respecto.
Estudiantes que visitaron el lugar comentaron que las aguas nacen de manantiales y pasan a Chile por un canal artificial, por lo que este debería ser cortado y luego construirse una presa.
Según el vicecanciller Alurralde, no se puede ir en este momento y cortar el agua, destruir los canales y evitar su paso al vecino país, porque esto sería casi como ingresar a una habitación en la que se cometió un crimen, levantar el arma y destruir las pruebas.
El 23 de marzo de este año, el presidente Morales anunció que Bolivia acudirá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para demandar a Chile por la creación artificial de un río avasallando territorio ajeno para apropiarse de un recurso natural, además de destruir un sistema de bofedales que antes había en la zona.
El anuncio alarmó a los chilenos y en Bolivia hay gente que cree que, en caso de detener las aguas, los chilenos podrían acudir a la violencia; tesis que ya había sido manejada por el canciller de Carlos Mesa, Juan Ignacio Siles, quien en una reunión con dirigentes cívicos potosinos alertó sobre el peligro de una guerra si se cortaba el paso de las aguas.
El 29 de marzo de este año Morales llegó al Silala, recorrió todo el lugar de donde se colectan las aguas y llegó hasta la frontera con Chile. En tono enfático reclamó que cómo se podía decir que eso era un río cuando los chilenos drenaron los manantiales y construyeron un canal por el que el agua baja por gravedad. En ese momento, ratificó que Bolivia acudirá a la justicia internacional para hacer respetar su derecho.
La demanda no será para frenar el paso del agua, sino que se pedirá que el país vecino pague por toda el agua que se llevó ilegalmente. Un informe del Senado boliviano da cuenta de que Chile le debe a Bolivia más de 1.000 millones de dólares por los más de 100 años de utilización del agua del Silala.
El presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzáles, citó el estudio realizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) sobre el uso de estas aguas hasta el año 2000, en el que se indica que Chile consume 4,8 millones de metros cúbicos de agua por año.
Hitos en la historia del Silala
1884
La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (Chile) construyó pequeñas zanjas de tierra para recolectar aguas de los bofedales bolivianos como única forma de llevar agua estancada hasta el ferrocarril que uniría Antofagasta con la nueva frontera de Bolivia.
1904
Se elabora y firma el mapa de límites entre Bolivia y Chile, en el que figura el perfil del canal artificial construido en 1884 por el ingeniero Josiah Harding con el nombre inventado de río Silala, que nace en Bolivia e ingresa a territorio chileno.
1908
La Prefectura de Potosí otorga la concesión del uso de las aguas del Silala para el funcionamiento del ferrocarril a la empresa The Antofagasta (Chile) & Bolivia Railway, conocida como Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB).
1979
Andrónico, nieto del héroe del Topáter Eduardo Abaroa, compró la Bolivian Railway Co., la compañía que privatiza y vende el agua del manantial boliviano Silala.
1997
La Prefectura potosina anula la concesión para el uso de las aguas del Silala a través de la Resolución Administrativa 71/97, que es elevada a rango de decreto supremo por el Gobierno nacional.
1997
La Bolivian Railway Co. Ltda. presenta un recurso directo de nulidad contra la resolución que anuló la concesión de uso de las aguas. Ese mismo año, la Sala Plena de la Corte Superior de Distrito de Potosí se declara incompetente para reconocer el recurso.
2004
El Comité Cívico Potosinista organiza la primera caravana al Silala.
2009
Chile se compromete a pagar por el 50 por ciento de las aguas del Silala hasta que se realice un estudio sobre el afluente, compromiso que se frustra por el rechazo de dirigentes cívicos.
2012
El gobernador Félix Gonzales organiza la segunda caravana a la zona del Quetena, donde nacen las aguas que Chile aún aprovecha.
La demanda no será para frenar el paso del agua, sino que se pedirá que el país vecino pague por toda el agua que se llevó ilegalmente. Un informe del Senado boliviano da cuenta de que Chile le debe a Bolivia más de 1.000 millones de dólares por los más de 100 años de utilización del agua del Silala.
