Autoridades observan: Chile no concluyó el retiro de minas en frontera con Bolivia

En medio de las dos demandas internacionales entre Bolivia y Chile, la primera por acceso soberano al mar y la segunda por las aguas del Silala, el Gobierno boliviano le recuerda a su par chileno que hasta la fecha no concluyó el retiro de miles de minas antipersonales que están “sembradas” en toda la frontera con nuestro país.

Existe el temor que La Moneda pida una nueva ampliación para este trabajo.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó, a través de los medios estatales, que el desminado de Chile en la frontera con Bolivia se lo realiza lentamente lo cual hace suponer que no existe voluntad política por parte del vecino país de cumplir los compromisos acordados con anterioridad.

En ese sentido, Ferreira afirmó el lunes que Chile “viola el Pacto de Bogotá” al incumplir con el desminado en la frontera.

En esa misma línea, el presidente Evo Morales también publicó en su cuenta de Twitter @evoespueblo que “Chile tiene que desminar frontera con Bolivia y cambiar inversión militar por inversión social”.

La postura de Morales es porque el Gobierno de Chile anunció que tiene listo el libro “Vocación de Paz”, el mismo que será distribuido a los mandatarios que participen de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizará desde el viernes en el país vecino.

En anteriores declaraciones, el ministro Ferreira señaló también que Chile incumple con el Tratado de Ottawa, debido a que las minas antipersonales que puso en los departamentos de Potosí y Oruro, continúan activas.

En ese entonces, Ferreira afirmaba que los explosivos debían desactivarse en el 2012; sin embargo, ello no sucedió de esa manera.

Por su parte, el diputado Javier Zavaleta, del Movimiento Al Socialismo (MAS), lamentó que el Gobierno de Chile carezca de voluntad política para continuar con el trabajo de desminado, pese a que ese país cuenta con los recursos económicos y tecnológicos para hacerlo, además de sus compromisos.

“Chile tiene la responsabilidad política ante el mundo entero de desminar sus fronteras y no tiene voluntad política para hacerlo, porque al Gobierno de Chile simplemente no le da la gana de desminar sus fronteras porque cree que tiene asuntos militares pendientes con sus vecinos, esa es la visión del gobierno chileno”, declaró.

La Convención de Ottawa estable: “Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en los zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años (2012), a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte”.

De acuerdo a un informe de Santiago – Chile, entregado al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, en el 2014, un total de 64.402 minas todavía estaban enterradas en sus fronteras a diciembre de 2013, lo que representaría que solo fueron desactivados 25% del total.

En ese sentido, Ferreira estima que Chile podría pedir una ampliación de plazo antes del año 2020.

En la gestión 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que desactivó el 67 por ciento de las minas antipersonales que se encuentran en la frontera con Bolivia.

Es decir, que de 32 059 minas, 22 337 fueron desactivas, pero aún existen 9.722 explosivos activos en la frontera y se prevé que sean desactivadas hasta 2020.

En diciembre de 2014, el entonces ministro de Defensa Rubén Saavedra informó que se exigió, mediante informes y a través de la Cancillería, que las autoridades chilenas cumplan con el desminado que es su obligación con toda la comunicad internacional, no solamente con sus países vecinos, entre ellos Bolivia.

DATOS HISTÓRICOS

Las minas fueron sembradas en los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en previsión de episodios de tensión que Chile podría tener con Argentina, Bolivia y Perú. El minado chileno se efectuó también en regiones limítrofes con Argentina y Perú.

El Gobierno boliviano reiteró su preocupación por la presencia de las minas que provocan inseguridad en la región andina fronteriza, donde los habitantes han perdido a sus animales o fueron víctimas.