A dos años de que Bolivia presentara la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya contra Chile, tanto oficialistas como opositores se unieron en un solo discurso: mar para Bolivia con soberanía. Diplomáticos, expertos y legisladores coinciden en esa opinión además que a partir del hecho el Estado boliviano captó la atención del mundo.
Por un lado, el excanciller y diplomático Javier Murillo, considera que la decisión de recurrir a una instancia internacional fue acertada por el agotamiento de los recursos de diálogo. Puso el ejemplo de la Agenda de 13 Puntos como el intento de retomar las conversaciones entre ambos países, que, en su criterio, “jamás dio resultado”.
“Durante 136 años, hicimos una serie de planteamientos por la vía de la negociación directa y este (acudir a un tribunal internacional) es el camino que faltaba por recorrer, entonces había que hacerlo. La demanda es indeclinable, es irrenunciable”, expresó.
Para la experta en derecho internacional, Diana Borelli, en los últimos años, el Estado boliviano ha aplicado como tema prioritario en política exterior, la demanda marítima con soberanía con un discurso consecuente y con acciones positivas que han posesionado al país en el ámbito internacional. “Ahora sí se puede decir que Bolivia sí tiene una política exterior marítima”.
“Esa posición demostrada por el Gobierno hace que ahora sí podamos hablar de que se ha conformado una política exterior marítima pero que debe ser permanente, es decir, que si se cambia de gobierno u otras autoridades, se siguiera el mismo camino”, puntualizó Borelli.
En ese marco, calificó como positivas las gestiones que se realizan en torno a la demanda marítima pero planteó que en el transcurso de todo este proceso el discurso del Consejo Marítimo boliviano sea más uniforme y hasta prudente.
Por ejemplo, “Bolivia no está planteando la revisión del Tratado de Paz y Amistad de 1904” fue la constante respuesta que dieron autoridades bolivianas cuando sus similares chilenos insistían en denunciar que el objetivo era desconocer ese acuerdo histórico.
La abogada y experta en derecho internacional, Karen Longaric, sostiene que con la demanda se tuvo diferentes reacciones durante el par de años. Tocó el tema de la posición chilena que apostó a los ataques mediáticos incluso obligando a Bolivia a responder.
Destacó que uno de los factores positivos de la estrategia nacional fue que la comunidad internacional conociera “los elementos de fondo de un conflicto, más que centenario” entre Bolivia y Chile.
“Esto genera cierta simpatía y apoyo a Bolivia, pero ese apoyo silencioso no repercute en la decisión última que tome la Corte Internacional de Justicia, que es imparcial e impermeable ante las posiciones externas”, aclaró.
Los representantes políticos también hicieron una evaluación de los dos años. El presidente del Senado, Alberto Gonzales, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, coincidieron en que la demanda boliviana ante La Haya da todas las garantías debido a los argumentos que contiene.
Gonzales indicó que el país debe estar seguro y tranquilo por la capacidad del equipo jurídico internacional que apoya este proceso. “Nuestro mensaje es de tranquilidad y de esperanza a la gente, en el entendido de que tenemos un equipo jurídico internacional de abogados de mucho prestigio, de mucha capacidad que ha preparado una muy buena demanda, la demanda tiene mensajes muy sólidas y todo eso nos llena de mucha expectativa”, indicó.
“Nunca vamos a cesar en nuestro intento de reclamarle a Chile que nos devuelva lo que nos quitó, eso es la posición y estamos muy esperanzados en ello”, acotó.
La diputada Gabriela Montaño indicó que Chile debe comprometerse a acatar los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, por cuanto es la parte demandada. Resultó que el Estado boliviano cumplió a cabalidad con todos los procedimientos, plazos y determinaciones exigidos por el tribunal de La Haya.
Entre el 4 y 8 de mayo próximo Bolivia y Chile presentarán sus alegatos orales ante los jueces de la CIJ de La Haya. El equipo de cada país tendrá en la primera ronda de participación, es decir el 4 y 6, tres horas para exponer sus alegatos, en tanto que el 7 y 8 de mayo cada país defenderá su postura durante una hora y media aproximadamente.
La defensa de los alegatos será un evento público al que tendrán acceso ambos países porque será televisado. La CIJ de La Haya dará a conocer los resultados en cuatro o cinco meses después de la presentación de los mismos.
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