Mediante un comunicado oficial, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya informó ayer que el 24 de septiembre emitirá su fallo o resolución sobre la excepción preliminar que presentó Chile relativo a la competencia o no de este tribunal internacional para tratar la demanda boliviana, que pide a Chile cumpla con sus varios compromisos y le otorgue a Bolivia una salida soberana al mar.
La decisión será leída por el presidente de la Corte, Ronny Abraham, a las 09.00 (hora boliviana) desde el Palacio de La Paz, situada en la ciudad de La Haya, Holanda, y será transmitida en directo por el sitio web de la Corte.
Transcurrieron 139 días desde el 8 de mayo pasado cuando el equipo jurídico de Bolivia finalizó con su presentación en la exposición oral de los alegatos ante los jueces de La Haya.
HISTÓRICO
Fue la primera vez desde la invasión chilena y el despojo del territorio boliviano que Chile se vio obligado a acudir ante un tribunal mundial por una demanda judicial que le instauró Bolivia, pidiendo que cumpla sus compromisos de otorgarle soberanía marítima.
El hecho alarmó al gobierno de Michelle Bachelet y despertó el interés de la comunidad internacional e impulsó al mismo Gobierno boliviano a instaurar por primera vez una política exterior marítima. Después de muchas décadas, políticos adversarios se unieron y respaldaron el pedido boliviano ante La Haya. En ese marco, también se conformó el Consejo Marítimo compuesto por expresidentes, excancilleres, historiadores y diplomáticos bolivianos.
ALEGATOS
Los alegatos orales por la objeción preliminar que presentó Chile se desarrollaron entre el 4 y el 8 de mayo en el tribunal internacional, oportunidad en la que los equipos jurídicos, tanto de Bolivia como de Chile, expusieron sus argumentos.
En su defensa, para argumentar que este tribunal no tiene competencia en el caso, Chile negó que exista con Bolivia algún compromiso de negociar una salida soberana al océano Pacífico.
En una de sus presentaciones, el equipo jurídico boliviano argumentó que Chile en reiteradas oportunidades ofreció a Bolivia negociar una salida al mar, independientemente del Tratado de 1904.
El abogado inglés que representa a los chilenos, Samuel Wordsworth, líder del equipo chileno, rebatió esa tesis al asegurar que la intención chilena de negociar con Bolivia no se puede interpretar como una obligación adquirida. El jurista aseveró que no existe un Pacto de Contrahendo (acuerdo para realizar un contrato).
En tanto, el equipo boliviano puso en claro que el equipo chileno ha planteado temas de fondo de la demanda marítima, cuando en este momento está en discusión la competencia de la CIJ sobre este asunto.
El jurista Remiro Brótons, en el último día de los alegatos, refiriéndose a los argumentos chilenos, los calificó como la “dialéctica del miedo”, que Chile utilizó durante la presentación de sus alegatos, porque envió el “grotesco mensaje” de que en caso de que la Corte de La Haya aceptara su competencia, supuestamente se desataría una inestabilidad territorial en la región, “cuando Bolivia busca todo lo contrario”.
El jurista pidió a los magistrados de la Corte no ceder ante el discurso de Chile, de que supuestamente al aceptar su competencia para resolver el diferendo marítimo, “todos los tratados entonces se encontrarían en peligro”.
PREGUNTAS
En el proceso de los alegatos surgieron dos preguntas de parte de los jueces. La primera provino del juez, exasesor chileno, Christopher Greenwood, quien preguntó a Bolivia sobre la fecha de conclusión de un acuerdo para la salida del mar y el equipo jurídico boliviano respondió que no existe un “momento mágico” sino muchas fechas a lo largo de varias décadas de compromisos.
La otra pregunta fue lanzada el último día de la presentación de alegatos cuando a Bolivia le tocó exponer su dúplica. El juez Hisashi Owada preguntó a ambos equipos jurídicos tanto de Chile como de Bolivia: ¿cómo definen de acuerdo a sus criterios el concepto de “acceso soberano al mar”? La respuesta a esta pregunta fue enviada una semana después.
El equipo jurídico boliviano respondió evitando dar la definición, porque considera que este punto no corresponde a esta parte preliminar de la demanda marítima contra Chile sino al fondo de la misma y espera que la CIJ de La Haya se declare competente y así aclarar la definición.
El documento con la respuesta que Bolivia envió a la CIJ es enteramente en idioma inglés.
Bolivia dijo: “Para que el significado de ese término y su contenido específico puedan ser definidos, es necesario determinar el entendimiento que tengan las partes en los acuerdos sucesivos a los que han llegado. La existencia y el contenido específico de estos acuerdos, Bolivia respetuosamente expone, es claramente una materia que no se puede determinar en la etapa preliminar del procedimiento, y debe ser en cambio determinada en la etapa que aborda el fondo del asunto”. La respuesta fue enviada por escrito como estipula el reglamento de la CIJ.
Después de cumplido ese proceso, siguió un tiempo de silencio en el que los jueces analizaron los argumentos presentados en los alegatos, analizaron las respuestas y los documentos que respaldaron ambos equipos jurídicos.
COMPROMISOS
El expresidente y agente de Bolivia por la causa marítima, Carlos Mesa, recordaba desde La Haya que las negociaciones por soberanía propuestas por Chile se suscitaron en: 1920, 1923, 1926, 1947, 1950, 1961, 1975 y 1983.
El agente y expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé explicó ante los jueces de La Haya algunos de estos ofrecimientos en los alegatos. En 1920 fue la presentación de un acta de parte de Chile, en 1926 fue el “Memorándum Matte”, en 1950 el intercambio de notas, en 1961 el “Memorándum de Truco”, en 1975 la declaración de Charaña, entre otras “múltiples declaraciones y propuestas del propio Chile”.
En esa línea, Mesa dijo que el objeto de la demanda marítima no es poner en tela de juicio el Tratado de 1904, sino demostrar que las autoridades chilenas (presidentes, ministros y embajadores) a lo largo del tiempo establecieron una línea de negociación con Bolivia, ofreciéndole un acceso soberano al mar.
Bolivia espera que La Haya se declare competente y así iniciar el proceso judicial en sí, mismo que durará entre dos a cuatro o cinco años.
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