“De esta manera si no fuera suficiente tener que batallar o establecer la voluntad de intención de obligarse el idioma español, nos confrontamos con una segunda barrera, cuando hay desacuerdo sobre las traducciones, por supuesto que la primera esta batalla es la decisiva, es allá donde residen los argumentos textuales de las partes en un acuerdo o de una promesa conforme a los términos de la significación o el alcance obligatorio es el que se debate”, mencionó.
El jurista dijo que el hecho de que la traducción sea fiel no implica que tenga que ser literal, y por su parte “Chile simplemente crea falsos problemas de traducción que apuntan más a oscurecer las aguas que a clarificar la cuestión”.
“Cuán pobre sería el idioma si adoptáramos la propuesta que hace Chile, Chile quizás ignora que una palabra puede tener varios sentidos o al contrario, varias palabras tienen el mismo sentido, y que por ende un concepto puede expresarse y traducirse por términos distintos sin por eso generar la menor alteración”, señaló en alusión a las interpretaciones chilenas de que no existiría nada pendiente con Bolivia.
Recordó que la Academia Real de la Lengua, en el inciso número 12 del expediente de los jueces, señala que el resolver un problema o decidir algo o formular la idea o el compromiso de realizar algo tienen el mismo significado, y cuando Chile señala que presidentes han resuelto eso significa que han convenido, que han decidido o que tomaron una firme decisión, posición que se han comprometido a seguir un plan de acción preciso y determinante.
En criterio de Brótons, Chile no solo quiere incluir a los jueces en las escuadras del integrismo lingüinstico, sino que además la norma que exige para el nacimiento de la obligación jurídica entre Estados sólo es reconocida como tal si está incluida en la categoría de tratados.
“Para Chile no hay una obligación internacional, más si esto no está incluida en una categoría de tratados entre Estados o si quieren otra denominación con la condición de que hayan sido autorizados por las Cámaras Legislativas, y fuera de estas modalidades todos los demás acuerdos y sobre todo promesas caerían en el ámbito de la naturaleza política y entonces el principio del no formalismo, o de la intención al que Chile parece adherirse ante esta misma Corte quedaría repudiada por la parte adversa”, señaló.
Al respecto, recordó a los jueces de la CIJ, que desde la opinión consultativa ante la Corte Permanente sobre el régimen aduanero entre Alemania y Austria, caso en el cual una acta sentó jurisprudencia en el derecho internacional que cuenta con una rica y variada gama de instrumentos capaces de materializar asientos jurídicos.
“Basta recordar el dictum de la corte de la delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bajarai donde se habló de los efectos jurídicos de un acta verbal, y ahí la Corte dictó que un acuerdo internacional puede tomar formas variadas y presentarse con denominaciones diversas”, mencionó.
Brótons señaló que Bolivia también incluyó en la demanda para obligar a Chile a sentarse de buena fe para una salida soberana al mar, una serie de acuerdos que emanan de los más altos representantes del Estado y que tienen la forma de intercambio de notas diplomáticas y otros memorándums que datan de los años 1950, 1975, 1961, 1925, entre otros.
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