Chile y Bolivia volverán a La Haya después de la sentencia del pasado 1 de octubre, que confirmó que Santiago no tiene obligación de negociar con La Paz su eventual acceso soberano al Pacífico, tal y como reclamaban los abogados de Bolivia.
Ambos países se citan, en esta ocasión, por una demanda interpuesta por Chile en 2016 por las aguas del Silala, un cauce de agua cuyo uso ha causado discrepancias entre las dos capitales.
Santiago defiende que el Silala debería ser considerado un río internacional, pero La Paz asegura que el cauce cruza la frontera gracias a unas obras de canalización hechas a principios del siglo pasado por Chile, lo que habría provocado la modificación de su curso.
Por esa razón, La Paz ha presentado tres contrademandas que han alargado el proceso judicial, aunque se calcula que las vistas orales se celebrarán entre verano y finales de 2019.
Otros dos países que se rencontrarán este año en La Haya serán Nicaragua y Colombia por dos litigios casi simultáneos.
Ambos versan sobre la aplicación de un fallo de 2012, emitido por la propia CIJ y que redefinió la frontera marítima entre los dos países, pues confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.
Managua volvió en 2013 a La Haya para denunciar a Bogotá por el supuesto incumplimiento de la sentencia del año anterior.
Asimismo, presentó una segunda denuncia para tratar la delimitación y las reglas del derecho internacional que se deben aplicar sobre una plataforma continental, situada a más de 200 millas náuticas de la costa, cuestión sobre la que el tribunal no se pronunció en 2012.
Los alegatos escritos de estos dos litigios tienen como fecha límite el 4 de marzo y el 11 de febrero respectivamente, por lo que se espera que las fechas de los alegatos orales se anuncien en 2019.
Por otro lado, la CIJ tiene pendiente recibir los alegatos escritos de Venezuela por una denuncia de su vecino Guyana.
Este pequeño país del Caribe quiere que los jueces validen el Laudo Arbitral de París emitido en 1899, el cual trazó la frontera entre ambos países, pero que Caracas denunció posteriormente ante la ONU por, supuestamente, no ajustarse a derecho.
Venezuela tiene hasta el 18 de abril para entregar una contramemoria, aunque ya ha adelantado que no participará en el litigio y defiende que la CIJ no tiene competencia para juzgar el caso.
Además, la Corte tiene sobre la mesa dos casos entre otros países que ya presentaron sus alegatos orales en 2018 están actualmente en fase de deliberación.
Está previsto que EEUU e Irán vuelvan a La Haya en 2019 para escuchar si los jueces se declaran competentes para juzgar una denuncia presentada por Teherán, relativa a unos fondos iraníes valorados en 2.000 millones de dólares y congelados por la Justicia norteamericana.
Washington presentó el pasado octubre varias objeciones preliminares y argumentó que el dinero se destinaría a las víctimas de un atentado supuestamente patrocinado por Irán, acusación que fue rechaza por Teherán.
El segundo caso que se encuentra en fase de deliberación es una opinión consultiva no vinculante, aprobada por la Asamblea de la ONU, que tiene como protagonistas a Mauricio -un pequeño Estado del Océano Índico independiente desde 1968-, el Reino Unido y EEUU.
Mauricio le pidió a la CIJ completar la “descolonización” de Chagos, un archipiélago que los británicos retuvieron y cuyo islote principal, Diego García, fue desalojado a la fuerza en 1965 para alojar una base militar estadounidense.
Dicha “descolonización” permitiría a los antiguos habitantes de Chagos volver a su tierra natal, argumentó Mauricio, pero el Reino Unido alegó motivos de defensa militar y de seguridad para continuar con la concesión de Diego García a EEUU. (EFE)
No comments:
Post a Comment