Wednesday, June 17, 2015

Bolivia reivindica su derecho de informar en la OEA sobre el curso de la demanda marítima

Bolivia reivindicó su derecho a informar en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el curso de la demanda marítima interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y denunció que Chile pretende trasladar al sector privado su obligación de Estado de garantizar el libre tránsito del comercio nacional, consagrado en el Tratado de 1904, afimó hoy el vicecanciller Juan Carlos Alurralde en respuesta al gobierno de Michelle Bachelet.

El canciller David Choquehuanca informó ayer en el pleno de la OEA sobre la situación de la demanda marítima y el curso que sigue en la CIJ, donde en mayo se presentaron los alegatos orales de La Paz y Santiago en vista a la resolución del recurso interpuesto para que los jueces declinen jurisdicción para tratar la causa.

La exposición boliviana estuvo asentada en el cumplimiento y respeto de la resolución del organismo de 1989 que, entre otros aspectos, refiere que “el tema marítimo boliviano es parte de la agenda de la Organización de Estados Americanos mientras uno de los dos países, se refiere a Bolivia y Chile, lo solicite o agende”, explicó Alurralde en contacto con la estatal emisora Patria Nueva.

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Edgardo Riveros, cuestionó ayer el informe con el argumento de que el tema está en un tribunal internacional y no corresponde su tratamiento en el foro multilateral.

“Existe toda la legitimidad (para tocar el tema como parte de un informe)”, respondió el Vicecanciller, quien participó junto a Choquehuanca de la 45 Asamblea General del organismo que aprobó en 1979 una resolución en la que declaró de interés hemisférico la resolución del conflicto con una salida soberana al Pacífico.

El gobierno del presidente Evo Morales decidió llevar el diferendo ante la CIJ debido a la falta de propuestas de solución del conflicto arrastrado desde 1879, tras la invasión chilena y guerra del Pacífico. El argumento central es que el demandado cumpla con los compromisos de solución hechos a lo largo de la historia porque crearon derechos.

El Canciller también reiteró los reclamos por los constantes bloqueos al libre tránsito establecido en el Tratado de 1904. “Chile pretende desconocer sus obligaciones y deslindar sus responsabilidades asumidas por el Estado y trasladarlas al sector privado. Todo acuerdo bilateral o multilateral que Chile ha comprometido está por encima de cualquier tipo de situación interna”, denunció Alurralde.

Un paro aduanero de nueve días en mayo impidió el comercio de exportación e importación y dejó a más de 2.000 vehículos parados en frontera, además hoy está en curso un paro de trabajadores del puerto de Iquique que lleva 20 días. El Gobierno exigió el resarcimiento de daños y garantizar el libre tránsito.

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